Los estafadores de Abertis tiene los píes de barro tan sólo hace falta un “empujoncito” para que se den de morros en el asfalto

Alcapone: no todos los delincuentes están identificados

A estos insaciables estafadores les va la vida, han sido tantos los latrocinios, en complicidad con los políticos que nos gobiernan, que se hunden en su propio desprestigio. Cuando digo que les va la vida en ello, no exagero ni dramatizo han cometido el tremendo error de creer en la absoluta impunidad. Los tiempos y las circunstancias han cambiado, la bonanza y la alegría por la fiesta se han ido extinguiendo y el personal espabilando. Estos insaciables estafadores, cegados por su codicia, no han sido capaces de sacar el pie del acelerador de su estratosférico fraude, aunque mejor sería llamarlo por su nombre: robo. En lugar de flexibilizar su posición buscando un punto de equilibrio entre su atraco y la presión popular por llamar la atención en novullpagar (no quiero pagar) hartos de que las concesiones catalanas no tengan fin ni horizonte, recurren a la fuerza policial de los mosos de esquadra (la policía autonómica) que se posiciona en los puntos de peaje para llevar el miedo a los díscolos e incívicos ciudadanos que se niegan a la perpetuidad de engordar el bolsillo de una panda de ladrones que obtienen la impunidad de los políticos a los que sobornan. Ver Los peajes de las autopistas financian el partido de Jordi Pujol. Llegados a este punto alguno puede pensar que se me ha ido la olla y Abertis, faltaba poner nombre a los ladrones, me puede poner una querella por injurias y calumnias o por derecho al honor, tranquilos, no lo van hacer sus letrados saben que sería meterse en la boca del lobo. La medicina que han encontrado, para curar sus males, es el jarabe de palo que suministra la autoridad competente, los políticos implicados en el soborno que pretenden salvar sus posaderas anunciando multas de 100 euros por no pagar el peaje. Cuando se percataron que todavía quedaban reacios a someterse a esta medida, se sacaron de la manga una colección de multas, a cada cual más gorda, a las que añadir a los iniciales 100 euros. Si estas multas no hubieran sido suficiente, la manga es están ancha como ellos quieren, elevarían el listón a las penas eternas del infierno implicando a la iglesia.

Esta actitud sólo demuestra el miedo que les ha entrado. Han movilizado todos los recursos que están en sus manos, los serviciales medios de comunicación, tan dependientes del tapabocas de la publicidad de la Caixa y de la propia Abertis, corren un tupido velo que cobija, protege y da esplendor a la sarta de mentiras de la concesionaria de las autopistas. Es tal la sumisión que ni se molestan en verificar o contrastar la divina palabra de los estafadores. Aquí estamos por otra cosa, no hay hipotecas, no hay publicidad, no hay compromisos, no hay nada que nos obligue a echar el freno de mano, ni a mirar a otro lado. Aquí, para alejar que los mediáticos y los disfrazados de opinadores ocasionales, que haberlos los hay, me voy a limitar a recurrir a los textos que los asaltadores y cómplices han dejado escrito para legalizar el atraco. No será muy ortodoxa la forma de levantar la alfombra, pero creo que puede ser efectiva. Para no hacer tedioso el asunto al final del artículo está el Real Decreto 2346/1998 que es la madre del cordero. Me he tomado la libertad de señalar en negrita y cursiva los párrafos extraídos de estos gloriosos acuerdos y traídos a este artículo para no hablar por boca de ganso. Mi intención es hacerles una foto de sus latrocinios y mostrarla tal cual. Detrás de toda esta pantomima político/legal queda la pregunta ¿Qué coño gana con esto la ciudadanía? Veamos como se puede construir esta foto panorámica que con tanta gente implicada uno no sabe ni por donde empezar.

Empezar por empezar veamos el chanchullo que se llevan unos y otros: el Gobierno, la Generalitat de Cataluña y la empresa Autopistas Concesionaria Española, S.A. (Acesa). Para vestir el muñeco recurren al Real Decreto 2346/1998, de 23 de octubre y buscan la coartada, una justificación, para hacer uso de la competencia que le atribuye el artículo 24.1 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión. Lo que sus señorías y adyacentes pretender bendecir es un convenio previo firmado entre la Administración general del Estado por el que se modifican determinados términos de dos concesiones de autopistas de las que es titular la empresa Acesa, Una de estas dos concesiones se refiere a las autopistas A-7 y A-2, de la que es concedente la Administración general del Estado, y la de las autopistas A-17 y A-19 es concedente la Generalitat de Cataluña. Surgen de la segregación en dos de la única concesión hasta 1995, aunque poseen un único plan económico-financiero y un único régimen jurídico, fiscal y administrativo. “La modificación ha consistido en la reducción de las tarifas en concepto de peaje, que han de ser abonadas a Acesa por los usuarios de distintos tramos de las autopistas incluidas en las dos concesiones citadas, y en la asunción por Acesa de la obligación de realizar determinadas inversiones. Las nuevas tarifas quedan reflejadas en este decreto y las inversiones incluidas en la cláusula 2 del convenio son la construcción de un tercer y cuarto carril en parte de tramo de la A-7 y otras obras complementarias, entre las que se incluye la ampliación de la estación de peaje de San Cugat. Para compensar a Acesa de la reducción de las tarifas y de la inversión del plazo de duración de las dos concesiones hasta el 31 de agosto de 2021 y otras modificaciones del régimen jurídico de las dos concesiones”.

Bien, hemos visto que se trata aparentemente de un trato, de un acuerdo en que Acesa baja las tarifas de peaje y se compromete a unas determinadas inversiones. Para que todos queden contentos hay que elevar, el acuerdo, a la categoría de decreto para bendecirlo y legalizarlo. Pero en cuanto nos adentremos en la particularidad de estos acuerdos no tardaremos en percatarnos que lo que se trata es de vender es un caballo cojitranco que se hace pasar por lo que no es. En definitiva un engaño, un chanchullo concebido en un contubernio que disfraza el muñeco con el siguiente párrafo amparado, como no, en preceptos legales: “dispone que en caso de modificación de las características de los servicios contratados la compensación al concesionario tiene como finalidad mantener el equilibrio económico-financiero de la concesión, compensando a la concesionaria en lo necesario para mantener el equilibrio. El artículo 25 bis, 2, de la misma ley, en la redacción dada el mismo por la Ley 13 de 1996, dispone específicamente que en las ampliaciones de plazo de la concesión de una autopista o túnel deberá mantenerse el equilibrio económico-financiero de la concesión”. Aquí radica el engaño a la ciudadanía, siempre hay una ley, un decreto, y si no se lo sacan de la manga, para apoyar su decisión en estricto orden jurídico. Esta ley a la que se refieren está pensada para aquellas concesiones que con el tiempo y su uso no garanticen la estabilidad económica del concesionario y antes que se vaya a la quiebra, por la falta de rentabilidad, se modifican las condiciones con tal de restablecer su equilibrio económico-financiero, para decirlo con sus mismas palabras, y que pueda continuar con la concesión. Lógica aplastante, pero se da la circunstancia que Acesa no se encontraba, ni se encuentra, en pérdidas sino en apabullantes y astronómicos beneficios. Como ves, rápidamente ya hemos llegado al umbral de la cocina donde fogón todavía nos tiene que deparar muchas sorpresas.    

Como hemos visto en un párrafo anterior la rebaja de tarifas por parte de la concesionaria Acesa se le compensa con una ampliación hasta el año 2021 del plazo de duración de las dos concesiones. Menudo chollo, por una rebaja de tarifas, que más adelante veremos que afectación pudo tener, y la obligación de unas inversiones, que también más adelante comprobaremos quien realmente puso los cuartos, se zanja el acuerdo. Anticipo, para todos aquellos más sensibles a la tomadura de pelo que se vayan preparando a la sorpresa morrocotuda. Parto de la siguiente reflexión, algo básico en economía, y que se refiere a la elasticidad de la demanda. En principio, si se baja el precio de un producto o servicio obtiene más compradores, pero más todavía, lo relevante, en aquel año de 1998 –fecha del decreto- era el más que seguro incremento del parque de vehículos, el transito y el nivel de vida perfectamente previsible. El trato tenía que ser al revés, por eso es un chanchullo ya que se suponen unos mayores ingresos, pues al ampliar los carriles de la autopista se incrementa el transito, y si se incrementa el transito, se incrementa la recaudación de caja. Parece elemental, pero los políticos o tienen el cerebro al revés o tienen el bolsillo muy amplio. Dejo este enigma para que lo resuelva quien esto lee. Lo cierto, es que el chanchullo supone la modificación de un elemento esencial del contrato de concesión de cada una de las autopistas: la ampliación en el plazo de la concesión. Veamos ahora los datos facilitados por la diputada María del Carmen Silva en sede del Congreso de los Diputados.

“Acesa tiene una concesión de 542 kilómetros. La rebaja de tarifas sólo afecta a 90 kilómetros, es decir, el 17 por ciento de la concesión. La rebaja media que se ha producido es del 26 por ciento, pero la ampliación de la concesión durante cinco años es para los 542 kilómetros, y no solamente para los 90 kilómetros que se ven afectados por la rebaja de tarifas. Los ingresos de 1998 han sido de 60.000 millones de pesetas, la rebaja de ingresos por las actuaciones realizadas ha sido de 2.700 millones, lo que supone que en 17 años habría una rebaja de ingresos de 46.000 millones, pero con la ampliación de la concesión a cinco años el aumento de beneficios será de 125.000 millones, tomando como referencia los beneficios del año 1998, que han sido de 25.000 millones. Esto sin tener en cuenta —es sobradamente conocido— que el hecho de las rebajas de los peajes viene a demostrar en la práctica un aumento de tráfico, por lo tanto un aumento de los beneficios. Por todo lo descrito, se solicita encomendar, con carácter urgente, al Tribunal de Cuentas la realización posible de una fiscalización especial sobre el cumplimiento de la legalidad en la ampliación del plazo de duración de las dos concesiones de los tramos de autopista enumerados, sobre si el convenio y el Decreto 2346/1998 supone el mantenimiento del equilibrio económico-financiero o, por el contrario, supone un beneficio adicional para la concesionaria que haya roto el citado equilibrio con un trato de favor y sobre si la duración en años de la ampliación de las dos concesiones hasta el año 2021 constituye una auténtica ampliación o si, por el contrario, equivale en la práctica a dos nuevas concesiones.”

La diputada socialista apunta hacia la duda o mejor dicho la sospecha de que existe un trato de favor a la empresa concesionaria por lo que solicitó la “urgente” intervención del Tribunal de Cuentas con el fin que fiscalizara si el caballo era o no era cojitranco. Realmente no se apreciar si todo esto es un teatrillo para demostrar la eficacia de la democracia representativa, o bien la observación de una tomadura de pelo que por lo bajini, sus compañeros de cámara, le puedan decir, a la diputada, sin que conste en acta: “¡Señora que vive usted en la inopia ¿Cómo vamos a meter en esto al Tribunal de Cuentas? En que mundo vive!”. Sigo con las anticipaciones: la propuesta de fiscalización del chanchullo sus señorías lo tumbaron. Así todo queda enterrado entre papeles y ningún medio de comunicación traslada a los usuarios de las autopistas catalanas que el chanchullo los despluma hasta la eternidad ya que para cuando acabe la concesión se ampliará el plazo con cualquier pijada. Todavía queda para acreditar esta charlotada parlamentaria la intervención el diputado Diego Jordano por parte de los populares: ”Lo que se pretende con esta iniciativa es revisar un real decreto aprobado por el Gobierno. La revisión de un real decreto tiene dos caminos: uno, político, que es el debate en el Pleno del Congreso de la ratificación del real decreto; y otro, judicial, que es el recurso contencioso-administrativo. Por tanto, existe un camino u otro. El resto de los planteamientos no tiene mucho sentido. Los usuarios entienden que están pagando menos”. Manda huevos, los usuarios entendemos que estamos pagando menos. Como podemos llegar a  buen puerto con esta camarilla de delincuentes. No hay país que lo aguante. 

En lo que tiene razón el diputado popular es que nos ilustra de los caminos que se pueden emprender: el político y el judicial. El camino político, ni es camino ni es nada el resultado de su andadura nos ha llevado al engaño estratosférico. El judicial esta por ver, novullpagar ha presentado denuncia ante la Fiscalía del Tribunal de Justicia de Catalunya. Ver: La concesionaria de las autopistas catalanas en manos de la fiscalía. Reparemos ahora que marcha llevó la bajada de tarifas que dio lugar a la ampliación del plazo de la concesión. Al chanchullo se le pueden poner números, tan sólo en los dos primeros años los ingresos acumulados entre 1999 y 2000,  sumaron 126.000 millones de pesetas (757,6 millones de euros) frente a los 110.000 millones de pesetas calculados para negociar la prolongación de las concesiones. Es decir Acesa, la concesionaria que le salían los beneficios hasta por las orejas, y según sus señorías, o habría que decir según los señoritos del cortijo, le aplicaron un plan de equilibrio económico-financiero de la concesión que supuso en pocos meses un incremento de los ingresos directos al beneficio de 16.000 millones de pesetas a partir de las cifras facilitadas por la propia compañía en sus memorias. Ningún invento, extraído de sus propios datos. Ni te quiero contar lo que ha significado este chanchullo hasta la fecha de hoy. El lloriqueo de Acesa y el angustiado gimoteo de sus señorías por el anuncio de que la concesionaria de autopistas dejaría de ingresar miles de millones y que no recuperaría el nivel de 1998 hasta 2003 se ha manifestó inexacto. Es más, de una tacada alcanzó los ingresos previstos por la propia compañía para 2006. Todo a cambio de la prolongación de cinco años en las concesiones. Muy profesional, muy profesional.

La letra pequeña del chanchullo

Resultó que el caballo era cojitranco y nos lo vendieron como un caballo de carreras con el mejor pedigrí. Para legitimar el chanchullo hacen falta firmas, la primera del Jefe del Estado, el Rey Juan Carlos I que el pobre hombre no se entera de nada y a cambio de este agotador trabajo de no enterarse de nada se le permiten cacerías y aventuras amorosas. Estampada su firma monárquica da brillo y esplendor al chanchullo disfrazado de Real Decreto aportando la bendición legal correspondiente. Entre los trileros está la flor y nada: Rafael Arias Salgado, Ministro de Fomento, que actúa, en el teatrillo, en nombre y representación de la Administración General del Estado, según delegación otorgada por Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio de 1995. Con este elenco en plena conformidad actuando todos a una, dan por bueno el acuerdo tomado con nocturnidad y alevosia el mismo que se les adjudica a los maleantes más recalcitrantes. Se trata del Convenio entre la Administración General del Estado, la Generalitat de Cataluña, representada por Pere Macias, Consejero de Política Territorial y Obras Públicas por el que se modifican determinados términos de las concesiones que ostenta Autopistas, Concesionaria Española, S. A. (Acesa) representada por el Consejero-Director general Josep Manuel Basáñez. Para poder apreciar la puerta giratòria por donde circula el sistema, la representación de Acesa, José Manuel Basánez fue Consejero de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya entre 1987 y 1988. Se hace necesario poner nombres al chanchullo cuando más que un acuerdo legal es un atraco a la ciudadania. El Convenio forma parte del Real Decreto como un Anexo. Ambos quedan al final del artículo para dejar constancia de lo que se dice es lo que hay.

Empecemos por el Real Decreto donde primero se manifiestan las conclusiones para luego encontrar los argumentos. Dice así ”dentro de la ordenación de la política de transportes, el Gobierno ha adoptado medidas orientadas a liberalizar el sector de las infraestructuras para favorecer la participación del sector privado, así como a reducir los costes que se repercuten sobre el usuario por el uso de las mismas” ¿Se ha hecho un calculo de parvulario para relacionar la bajada de tarifas con el alargamiento de la concesión? Ninguno, la rebaja de peajes corresponde solo a 90 kilómetros, el 17% de la concesión, pero la ampliación de la concesión durante cinco años es para los 542 kilómetros, que importa pero continuemos. “el interés de reducir la tarifa por razones de armonización se limita a dos tramos específicos con nivel tarifario por encima de la media nacional”. Bien, nos vamos enterando, resulta que las tarifas de peaje que se “rebajan” es porque están en un nivel tarifario por encima de la media nacional”. Muy profesional. Al camarote de los hermanos Marx se van llenando de manicuras y maquilladoras: el Ministerio de Economía y Hacienda y el Consejo de Estado, a cual más mentiroso: “elaborados los estudios económicos y financieros correspondientes, se adoptan diversas medidas a través de las que se mantiene el equilibrio económico-financiero de la sociedad concesionaria, las cuales se recogen en el convenio que se aprueba mediante el presente Real Decreto. En su virtud, a propuesta del Ministro de Fomento, con informe del Ministerio de Economía y Hacienda, la conformidad de la sociedad concesionaria, de acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado (este dictamen tiene fecha posterior a la reunión del Consejo de Ministros, lo debieron de transmitir por telepatía) y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 20 de octubre de 1998”. Reunida la cofradía de embusteros, disponen.

Voy a seguir el articulado del chanchullo para aquellos que les venga de gusto revisar lo que aquí se dice con el texto bendecido por el Rey. Sólo dos artículos el 2º y el 5º. Empecemos por el artículo segundo. Tarifas. Aquí, en este punto se deja constancia de las tarifas que son objeto de la aplicación de peaje. Luego, en el Anexo, que también trataremos, figura una nueva relación con la rebaja de peaje, que como hemos visto sirvió para un incremento de la recaudación y la obtención de más beneficios. Además, hay otra circunstancia que incrementa el robo pero ya la trataremos más adelante. Pasemos ahora artículo quinto que sirve para hacer bonito el Plan económico-financiero de la concesión. Como hemos visto toda la martingala se sostenta, respaldada por informes de sesudos cómplices, en el equilibrio financiero de una empresa concesionaria que se empacha de beneficios. Dicen así “Se aprueba el plan económico-financiero presentado por Autopistas, Concesionaria Española, Sociedad Anónima, que, recogiendo las condiciones con que se han establecido las oportunas medidas compensatorias, ha servicio de base para las modificaciones del régimen concesional que se contienen en el convenio y en el presente Real Decreto que lo aprueba”. Veamos en que consisten estas medidas compensatorias que están contenidas en el Anexo, donde se encuadra el núcleo del chanchullo al que llaman Convenio.

Empiezan manifestando que Autopistas, Concesionaria Española, (Acesa) “obtuvo la primera concesión para las autopistas Montgat-Mataró y Barcelona-La Jonquera, de acuerdo con el Decreto 165/1967, de 26 de enero, por el que se adjudica la concesión administrativa para su construcción, conservación y explotación. Que en este Decreto ya se preveía la ampliación de la autopista A-7 al tramo Barcelona-Tarragona, adjudicándose el mismo por el Decreto 128/1968, de 18 de enero, por el que se resuelve la proposición presentada al amparo de lo dispuesto en el Decreto 165/1967, de 26 de enero, para la construcción, conservación y explotación de este nuevo tramo”. Es importante esta manifestación ya que estipula que Acesa obtuvo la concesión por el Decreto 165/1967, de 26 de enero. Más adelante nos encontraremos con las condiciones de adjudicación de la concesión que una vez obtenida se desvinculan de ellas en perjuicio del interés general. Seguimos, para percatarnos que se hace lo conveniente para que el monstruo dueño de la autopista sea cada vez mayor hasta el extremo de la imposibilidad de llevarlo a la razón. Todos muy contentos crean un monopolio. Nos tendríamos que preguntar que necesidad hay de ello “se unificaron las concesiones de que eran titulares Autopistas, Concesionaria Española, S.A. (titular de los tramos Barcelona-La Jonquera, Montgat-Mataró y Barcelona-Tarragona), Autopistas de Enlace, Concesionaria Española, S.A. (titular del tramo Montmeló-Papiol), y Autopistas de Cataluña y Aragón, Concesionaria Española, S.A. (titular del tramo Zaragoza-Mediterráneo de la autopista del Ebro), quedando integradas en una sola concesión a favor de Autopistas, Concesionaria Española, S.A. sociedad resultante de la fusión de las tres concesionarias. Que en 1990 se firmó con el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo un Convenio de modificación de las cláusulas concesionales” Muy profesional.

El ministro Rafael Arias Salgado

Después de las manifestaciones llegan los acuerdos que para situar la camaradería y el buen rollo dicen “Por todo ello, dentro del espíritu de colaboración que siempre ha presidido las relaciones de la Administración con la sociedad concesionaria, el Ministerio de Fomento y el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalidad de Cataluña” Lo que veremos a continuación, creo que a nadie le sorprenderá que a este Convenio se le llame aquí  chanchullo. Su primera cláusula está referida a situar el gran esfuerzo con el que tiene que apechugar la concesionaria con la rebaja de tarifas. Hemos visto que consistió en un incremento de los beneficios. Respecto a esta primera cláusula queda pendiente, por falta de tiempo, un asunto por tratar: la evolución de la tarifa de peaje desde enero de 1998 hasta la actualidad “partiendo para revisiones futuras del índice de precios al consumo del mes de enero de 1998, publicado por el Instituto Nacional de Estadística” según rezaba este acuerdo. Por lo que me he podido entretener los precios actuales no cuadran con la evolución del IPC. Lógicamente no cuadran ya que son mayores de los que corresponden, dicho de otra manera: roban. De esto me ocuparé como de otros asuntos que vienen a continuación en otro artículo con el detalle necesario.

Pere Macia, consejero de la Generalitat de Catalunya

Para abordar el siguiente acuerdo creo necesario advertir de nuevo a todos aquellos más sensibles que les afectan como daños colaterales las estratosferitas tomaduras de pelo ya que a continuación cae una gorda. Hecha la advertencia prosigo, se trata del segundo acuerdo que se refiere a la construcción de un tercer y un cuarto carril: en parte del tramo de la autopista A-7 Montmeló-El Papiol y otras obras complementarias. Dice así “El Estado procederá a su cargo a la construcción de un cuarto carril, en sus dos sentidos, en el tramo Montmeló-El Papiol de la autopista A-7, tal como más adelante se especifica, y que una vez construido se afectará a la concesión de la autopista A-7 de la que es concesionaria «Autopistas, Concesionaria Española, Sociedad Anónima», a quien corresponderá, después, la conservación y explotación en el seno de la mencionada concesión”. Es decir, por una miserable reducción de tarifa que afecta tan sólo al 17% de los kilómetros de la concesión se le prolonga en cinco años, y encima el Estado hace a su cargo las obras para que circule más tráfico y obtengan más ingresos que incrementan los astronómicos beneficios que con anterioridad se tenían. Para que no quede ninguna duda, las obras pagadas con dinero público se le regalan a Acesa por su cara bonita. No queda lugar a duda cuando la troica del engaño manifiesta su “espíritu de colaboración”. El detalle de las obras a cargo del Estadolas podrás encontrar en el Anexo, acuerdo II puntos 1, 2, y 3 en el documento al pie de este artículo.

Sigo con los advertimientos: agárrate que viene curva ya que entramos en el acuerdo (V) quinto: Régimen jurídico de la concesión. “será el actualmente vigente durante todo el período de vigencia de las mismas, esto es, hasta el 31 de agosto del año 2021, con las siguientes únicas excepciones” Este apartado es el meollo de la cuestión, los políticos que dicen que nos representan tiran la casa por la ventana en una generosidad que sólo es comprensible desde “el tu me das yo te doy”. Es necesario decirlo como son las cosas: sobornos estratosféricos con resultado de un gran perjuicio para la población. Si hemos llegado hasta aquí algo ha tenido que ver la espantosa corrupción que nos invade, unos se la tapan a los otros y los medios la minimizan. Lo indignante ya no es el soborno, lo que remueve las tripas es llegar al fondo de la cuestión, donde nunca esperan que ningún chalado llegue, y se encuentre con aquellos que claman “tot per Catalunya” y el enemigo esta en Madrid, en la misma mesa pasándose el porrón y repartiendose el botín. Todo escenificado por un plato de lentejas, por una mierda de  rebaja en las tarifas de los peajes (si alguien encuentra mejor algo no tan escatológico que lo sustituya) que ya hemos hablado lo suficiente, se les da el oro y el moro. No se contentan con hacer la obra a cargo del Estado sino que se remata con unos regalos que se describen en los 4 apartados siguientes:

Aquí, en este punto los trileros son muy escuetos, están convencidos del mal que hacen y practican el mensaje por telegrama: “1. El beneficio tributario al que se refiere el artículo 12.a) de la Ley8/1972, de 10 de mayo, se mantendrá únicamente hasta el día 31 de agosto del año 2016“. Entonces se hace necesario ir a buscar ese artículo 12a) que dice lo siguiente: “Reducción de hasta el noventa y cinco por ciento de la base imponible de la Contribución Territorial Urbana que recaiga sobre el aprovechamiento de los terrenos destinados a autopista de peaje. Esta reducción afectará a los terrenos y construcciones que constituyan la autopista o estén directamente destinados a su servicio y no se aplicará a los edificios ocupados por oficinas de la entidad concesionaria ni a los construidos en las áreas de servicio”. Manda huevos, Qué gano la ciudadanía con este chanchullo. Como tienen la desfachatez de descontar el 95% del IBI dejando a los ayuntamientos colgados mientras ellos les salen los beneficios por las orejas. Tienen el atrevimiento de dejar constancia de que mantendrá únicamente por 18 años. Como se le puede dar estos privilegios a un concesionario que se le ha extendido el chollo por cinco años más. No acaban aquí las canalladas.

El punto “2. Quedan sin efecto las obligaciones establecidas en el artículo 7.o del Decreto 1321/1974, de 25 de abril”. Lo dejo aparcado hasta poder rebuscar en este decreto. Así como del punto 3.- que habla de una cantidad pendiente que se aplaza por 23 años, -nada menos- La milonga la montan con el artículo 4 del Real Decreto 2479/1978, de 14 de octubre. Lo que si he rebuscado, que Abertis el año 2000, dos años después de la firma del chanchullo, tenía que devolver 5.000 millones de pesetas a razón de 1.000 millones cada año. No lo hace. ¡Que regalos, que morro!, es intolerable, como puede funcionar el país con gente como esta. La traca final, de este castillo de iniquidades la encontramos en el punto “4. Queda sin efecto la limitación de la cláusula 28.e) del pliego de las generales aprobado por  Decreto 215/1973, de 25 de enero.Se acuerda, en cuanto ello fuere necesario para su no vigencia, la exclusión explícita del régimen jurídico aplicable a «Autopistas, Concesionaria Española, Sociedad Anónima» del artículo 7 del Decreto 165/1967, de 26 de enero, quedando sin efecto alguno la obligación contenida en el mismo” Estas escasas cuatro líneas esconden el mayor atropello: miles de millones de euros han sido robados. Ver: Las autopistas catalanas en manos de estafadores insaciables. A continuación me pongo a ello, pero detengo aquí otros puntos del Convenio que se refieren a la gratuidad de diferentes tramos, que por los que he podido comprobar sólo constan en el chanchullo escrito. No obstante el punto de peaje está instalado. Volveré con otro artículo una vez este todo contrastado.

Firmantes de la denuncia: Xavi Ponsdoménech, Josep Casadellá, Míriam Nogueras, y a la derecha Jordi Roig

Cuando novullpagar presento en fiscalía una denuncia y aportaba el artículo antes mencionado como soporte, Abertis tuvo una rápida reacción, en un primer momento dijo que el artículo 7º del Decreto 165/1967 estaba derogado, los sumisos medios le creyeron a pies juntilla, palabra del Señor. No tardaron en cambiar de argumento y sostener su razón en que cumplían al pie de la letra las disposiciones de la concesión. De lo concreto pasaron a lo genérico ¿Qué motivó el cambio de verborrea? Pues, que aunque invocaran el Convenio que nos ha traído hasta aquí, faltaba la resolución del Tribunal Supremo, Sala 3ª de lo Contencioso Administrativo de fecha 23 de junio de 2003, Acesa había presentado un recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que le obligaba al cumplimiento de lo dispuesto en el decreto de adjudicación de la concesión. Cuando la troica (Gobierno, Generalitat de Catalunya y Acesa) tuvo bendecido el chanchullo (Decreto 2346/1998) le falto tiempo para tratar de incorporarlo al procedimiento del que tenía presentado recurso. Le salió el tiro por la culata, El Tribunal Supremo les dio con la puerta en las narices “no ha lugar a admitir el Documento”. Se le exigen a Acesa el cumplimiento de sus obligaciones y se le fija los importes millonarios de las inversiones no realizadas. Veamos someramente esta sentencia, aunque lamento para aquellos que se impacientan por la extensión de este artículo pero no encuentro otro modo para desenmascarar a estos ladrones y que callen para siempre con sus mentiras.

Josep Vilarasau, Director General de la Caixa

El propio texto de la sentencia dejará constancia de lo que aquí se dice. Tan sólo un extracto de los Fundamentos de Derecho, 1ª, 2ª y 10ª. Empecemos por el Primero: “Ese precepto prevé que la Sociedad Concesionaria de la autopista, una vez asegurado el cumplimiento de todas sus obligaciones, destinará el 50% de los beneficios que excedan del 15% de su capital nominal «a inversiones en sucesivos tramos de autopista, mediante propuesta que sea aceptada por la Administración»”. Aquí, se deja constancia de la obligación de Acesa. Segundo: “La desestimación del recurso contencioso-administrativo de ACESA se debió a que, frente a las alegaciones de esta entidad en sentido contrario, la Sala de Barcelona entendió vigente la regla de inversión de los beneficios antes recogida apoyándose en tres razones principales: 1) el artículo 7 del Decreto 165/1967, que no había sido derogado; 2) la cláusula 30.6 de la escritura de la concesión administrativa que se pronuncia en el mismo sentido que aquél; y 3) el artículo 27 de los Estatutos de ACESA, inicialmente coincidente con el citado artículo 7 si bien, tras su modificación en 1986, se limita a remitirse a las normas aplicables sobre la materia. Llamó, además, la atención la Sala territorial sobre el hecho de que esa fórmula de inversión del 50% de los beneficios que excedan del 15% del capital nominal de la sociedad fue ofrecida por ACESA cuando concursaba a la adjudicación de la concesión de los tramos Barcelona-La Junquera y Montgat-Mataró y que, en atención a esa proposición, venció el concurso. De ahí que el Decreto 165/1967 la imponga como condición especial por la que ha de regirse en ese punto, figure en las cláusulas de la concesión recogidas en la correspondiente escritura pública y, también, en los Estatutos de la sociedad hasta 1986”. Queda claro y diáfano, Acesa venció el concurso de adjudicación en base a estas condiciones y se desentendió de las mismas en 1986 en el momento que la Caixa se hace con esta empresa concesionaria. Josep Vilarasau, como director general de la Caixa lideró la expansión de la entidad financiera. Pasemos al Décimo: “En cualquier caso, que estamos ante una obligación cuyo incumplimiento activará los mecanismos previstos para tal hipótesis nos lo confirma nuevamente la propia ACESA. En efecto, en el convenio suscrito por ella misma con la Administración General del Estado y con la Generalidad de Cataluña, ese convenio aprobado por el Real Decreto 2346/1998, que ACESA ha invocado en apoyo de sus pretensiones, en su cláusula quinta, apartado segundo, afirma que el artículo 7 del Decreto 165/1967 contiene una obligación. Lo que nos resulta suficiente para desestimar este motivo”. El remate es más que suficiente.

Todo el texto de la sentencia, de la primera a la última palabra, deja a Acesa sin argumentos, no hay razón que su nuevo propietario (accionista mayoritario) la Caixa, cambie unilateralmente las reglas del juego una vez que entra en el partido. Así consta en el “Fallamos. Que no ha lugar al recurso de casación núm. 2353/96, interpuesto por Autopistas Concesionaria Española, S.A., contra la sentencia núm. 1002, dictada el 29 Dic. 1995, por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y recaída en el recurso 482/1994, e imponemos a la parte recurrente las costas del recurso de casación”. Señores de Acesa, señores de la Caixa apechuguen con las consecuencias. A que vienen los innecesarios aumentos de capital construyendo un castillo de naipes con una sentencia del Tribunal Supremo inapelable cuando han inundado de papel mojado el mercado bursátil.

Eduardo Torres-Dulce, Fiscal General del Estado

El asunto está ahora en manos de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, por denuncia de novullpagar,  veremos la marcha que puede llevar teniendo en cuenta que los fiscales están sujetos a un régimen estructural de mando y por ello sujetos a órdenes que vienen de arriba. En la pirámide de mando está el Fiscal General del Estado que cada gobierno se ha traído el suyo debajo del brazo como si fuera un osito de peluche con pilas y mando a distancia. La implicación política en este asunto es total y diáfana una vez que se mete el ojo entre los papeles firmados. Antes de echar el cierre quisiera plantear unas consideraciones. La ciudadanía no puede seguir vinculada por una concesión con unos atracadores que despluma sin contemplaciones a todo bicho viviente que transita por las autopistas. La exigencia es que se les retire la concesión y que la justicia pase cuentas con los administradores de la concesionaria y los de la Caixa que bajo su control se han cometido toda esta retahíla de delitos, no se pide más que justicia, que tampoco es mucho pedir. Abertis tiene un problema con la justicia además del problema cíclico que supone para su facturación la caída del tráfico, debido a la crisis, en las autopistas que gestiona tanto en nuestro país como en Francia que está aquí al otro lado de la frontera. Si los franceses se hacen eco de las astracanadas cometidas en España, la contaminación está servida. El incumplimiento de las obligaciones inherentes a la concesión son flagrantes por lo que el fondo de reversión perdería sentido, por la sencilla razón que han robado, manipulado, y todo lo que se quiera para que los accionistas de Abertis les recriminen, judicialmente, su mala gestión. Así y todo, la espada de Damocles que se cierne sobre la cabeza de Abertis es estructural: la mayor parte de sus concesiones españolas vencen entre 2019 y 2021 y esta vez va en serio. La fecha límite esta aquí mismo y que el tráfico de vehículos le aporta alrededor de 4.000 millones para una firma que capitaliza 8.250. Van a ser los accionistas que paguen los platos rotos o es que no sospecharon nunca que embolsarse una rentabilidad del 13% año tras año caía del cielo.

Abertis defenderá su postura con uñas y dientes, necesitan imperiosamente del Estado para salvar sus posaderas y que todo continúe igual empezando por establecer una resistencia numantina en su ímpetu arrollador de que nadie mire, ni levante una punta de la alfombra de los despropósitos ya que están perdidos. En un país de justicia estarían todos en la cárcel, mientras se agarran como clavo ardiendo al poder de sus lobbys. Tras la ofensiva de novullpagar ponen de manifiesto que no es el momento más apropiado para dejar de pagar peaje, ya que el gobierno esta pensando en establecerlo en las carreteras hasta hoy libres de contribución. Bien, conviene aclarar este punto, una cosa es pagar un peaje que revierta en las arcas públicas y otro muy distinto que vaya a parar al bolsillo de unos desalmados. En un principio, los atracadores, reivindicaban el fraudulento fondo de reinversión, olvidando el coste de la obra para después, una vez pagada treinta veces, reclamar los gastos de conservación de las vías, pero alguien recuerda que existe un impuesto sobre los carburantes que supone más de la mitad de lo que se paga en las gasolineras. He dejado la pregunta del trillón para el final ¿Qué demonios hace el Gobierno con una sentencia del Tribunal Supremo, inapelable, a favor del Estado desde 2003 que representa un ingreso de miles de millones para las arcas públicas? La respuesta no puede ser otra: que están todos compinchados. ¿Se puede recortar en quirófanos, farmacia, educación, y servicios sociales mientras se regalan y reparten cantidades astronómicas? Para acabar el relato de esta procesión de delincuentes unas preguntas más: ¿Dónde están los que deben de vigilar al que vigila, donde están nuestros diputados, la oposición y los medios de comunicación que se parten el pecho por defendernos? ¿Dónde? Lo que en este blog ves escrito es de cosecha propia, un solo individuo con una mano delante y otra detrás. Se necesita una moral de hierro para sostener el ataque en solitario, desgasta hasta la extenuación por lo que te pido colaboración. Podrías revisar Guía para salir del laberinto donde nos han metido y en el momento que puedas “La solución está en tus manos: es hora de pasar a la acción y olvidar las quejas”. Hazlo por favor, te ayudarás a ti mismo.

Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas el 13/04/1999

http://www.congreso.es/public_oficiales/L6/CORT/DS/CM/CM_138.PDF

pàginas 2912, 2913, 2914 y 2918. En escena la diputada María del Carmen Silva Rego (grupo socialista) y la esperpéntica  respuesta de Diego Jordano Salinas (Grupo Popular)

Acuerdo, Convenio, Chanchullo bendecido por el Real Decreto 2346/1998 y Anexo http://www.boe.es/boe/dias/1998/10/26/pdfs/A35215-35218.pdf

Sentencia Tribunal Supremo Sentencia del Tribunal Supremo Sala 3ª de lo Contencioso Administrativo de fecha 23 de junio de 2003