Adivina el futuro inmediato del Banco Popular (3)

Adivina el futuro inmediato del Banco Popular (3)

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Entendido

De momento aplazo por unos días las preguntas y respuestas que conciernen a lo acontecido al Banco Popular que nos llevarán a un diagnóstico y de ahí a una receta y de ahí a la aplicación de una medicina, que la anticipo: Jarabe de Palo en dosis superlativa, o mejor dicho, una hostia monumental a los causantes del robo. No se trata solo que los ladrones devuelvan el dinero robado (las acciones a su justo precio) si no que paguen por el delito de apropiarse de lo que no es suyo. Este sitio, Ataquealpoder, ya no es lo que era, un sito donde abrir los ojos a las buenas gentes, ha evolucionado a abrir los ojos y tomar partido en aquello que merece ser denunciado. Dicho de otra manera, al “poder” se la suda que un chalado predique en el desierto, pero que movilice a la gente hacia los tribunales con conocimiento de causa, ya no se la suda tanto. Además, si el chalado es “machacón, machacón” apunta y dispara y vuelve y vuelve, se convierte en mosca cojonera. En definitiva, persistencia, inteligencia y conocimiento. La titulización salió de este sitio, ahora ya con un equipazo lejos de la solitaria voz que clamaba en el desierto, esgrimiendo la disparatada afirmación que “los bancos no son dueños de las deudas que reclaman en los juzgados” de ahí a la falta de legitimación activa de los bancos y la paralización de muchos de los desahucios que pasan por las manos de Hipotecados Activos y hbUCI, dos asociaciones que surgieron de este sito. En definitiva, se trata de “dicho y hecho”, el bla, bla, bla para otros.

Observo, con mucho gusto, la atracción que despierta este blog a los accionistas expropiados del Banco Popular al contarles las triquiñuelas en las que se han visto involucrados para robarles, de un plumazo los ahorros de toda una vida o un “dinerillo” invertido en Bolsa. Sin embargo, se da la paradoja que en este sitio, Ataquealpoder, ha tenido en su punto de mira a los bancos como oligarquía en el poder y los dueños de los bancos son sus accionistas. Hasta hace unos años los bancos no habían manifestado su cara oculta tal como abalanzarse en las cuentas de ahorro y plazo fijo para, con engaño, levarlas a capital social y mil y un subterfugio para apropiarse de lo que no es suyo. ¿Ningún accionista se sintió aludido cuando miles de angustiados ahorradores reclamaban su dinero? Las cúpulas bancarias son una élite de ladrones que se pasan el santo día elucubrando los más rocambolescos planes de obtener dinero, para ello se valen del poder del dinero para involucrar a los colaboradores necesarios: toda una tropa dispuesta a todo para ganarse una jubilación dorada. Esto es lo que hay. La paradoja se encuentra en una encrucijada: ¿Ataquealpoder va a poner su armamento al servicio de los dueños de un banco? Menuda pregunta, se trata de los dueños pasivos de un banco con preferentes, con ventas de activos hipotecarios a fondos buitre en paraísos fiscales, con falsedades en juicios ejecutivos hipotecarios que claman al cielo y más, y más y más. Si se hubieran vendido sus acciones cuando supieron que los bancos no eran trigo limpio hoy no se verían en la situación en que se encuentran.

Dicho lo dicho y teniendo en consideración como los oligarcas han llevado a término el asalto al Popular y desde el punto de vista que los accionistas minoritarios del Banco Popular son “ahorradores” pondremos nuestro armamento a su servicio, con el bien entendido que no lo haremos a través de una estructura de asociación, que aunque se establezca un derecho de admisión, una vez dentro te encuentras con un espía de la competencia o lo que es peor, con un boicot organizado por el “enviado de la banca”. Este camino ya lo hemos recorrido y ahora, al contrario de muchos o de algunos despachos de abogados que se disfrazan en falsas y minoritarias asociaciones que caben en un taxi, nosotros hemos constituido una consultoría (Teseo Consulting) que da servicios a asociaciones. Evitamos así, en un núcleo de sociedad mercantil, las filtraciones y boicots que nos hacen perder el tiempo. Otra premisa más, no vamos a convencer a nadie nos vamos a limitar a informar, de aquello que se deba de informar, y sobre todo de actuar duro y a la cabeza. Para empezar, situaremos a los responsables del robo, a esos piratas con patente de corso, a los pies de los caballos.

El «derecho del puño», la ley medieval del más fuerte

Va hacer falta un despliegue informativo sin precedentes para llevar ante la justicia a los responsables del robo, se trata de una tropa con mucha alcurnia pero necesitan a los colaboradores necesarios que hagan el trabajo sucio amparados en una legalidad inventada, son los piratas a los que se les ha envestido con la Novísima Recopilación, que regulaba la actividad corsaria con admirable precisión jurídica. La Ordenanza de Corso promulgada por Carlos IV persiste y el “derecho del puño, la ley medieval del más fuerte sigue vigente. Los señores del dinero instalados en las cúpulas necesitan a los funcionarios del Fondo de Reesctructuración Ordenada Bancaria (FROB) para el abordaje del Banco Popular. El FROB es una entidad dependiente del Ministerio del Ministerio de Economía y consecuentemente de la estructura del Estado. Es quien tiene la última palabra ya que es el brazo armado ejecutor el Mecanismo Único de Resolución (MUR) que es quien interviene el Banco Popular. No deja de sorprender que una operación de este tipo, por su elevado importe de millones de euros y tantos afectados, se decida con nocturnidad y alevosía y sin una determinación concreta del “agujero” por el que se interviene. La Comisión Rectora del FROB, mejor dicho, los componentes de esta comisión son unos ladrones, unos piratas con patente de corso y unos estafadores.

Alguien se podrá preguntar si llamarles ladrones y estafadores, sin edulcorante que lo mistifique ni adultere, puede llevar al autor a sufrir una demanda por daños y perjuicios y otra por derecho al honor, y otra por incitación al odio, y a un carrusel de pleitos que lo van a arruinar. Es más, le voy a poner nombres y apellidos a estos trúhanes con el fin que la descripción de ladrones sea nominativa.

Composición de la Comisión Rectora: Jaime Ponce Huerta, Presidente del FROB, Vicepresidente primero: Javier Alonso Ruiz-Ojeda, Subgobernador del Banco de España, Ana Mª Martínez-Pina García, Vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Alfredo González-Panizo Tamargo, Subsecretario del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Felipe Martínez Rico, Subsecretario de Hacienda y Función Pública, Emma Navarro Aguilera, Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, Jesús Saurina Salas, Director General de Estabilidad Financiera y Resolución del Banco de España, Julio Durán Hernández, Director General de Supervisión del Banco de España, Francisco Javier Priego Pérez, Secretario General del Banco de España, Jaime Iglesias Quintana, Director General de Presupuestos, Enrique Rubio Herrera, Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Otros asistentes: Rosario Martínez Manzanedo, representante de la Interventora General del Estado, Julio José Díez Menendez, representante de la Abogacía General del Estado – Director del Servicio Jurídico del Estado. Desempeña las funciones de Secretario de la Comisión Rectora, Lucia Calvo Vérgez, Directora Jurídica del FROB.

Bien, ya está dicho, los que hayan pensado en que me van a fulminar que estén tranquilos, estos piratas se sienten satisfechos del abordaje al Banco Popular, pero el miedo por lo que el FROB hace y ha hecho, lo llevan dentro y el mal sueño lo interiorizarán cuando se enteren de este juramento (no se trata de una amenaza, se trata de una promesa) y se encuentren con una querella por prevaricación. Tu todavía no lo sabes, pero ellos si saben lo que han hecho y nosotros también. Por esta razón, este bajel pirata arriará su bandera y no moverá ficha. Los que comulguen por reaccionar duro y a la cabeza que se apunten a esta batalla contra la piratería que emprende Teseo Consulting, para aquellos que prefieren que les sigan robando impunemente la cartera que se abstengan. El FROB es el primer eslabón de la cadena y quienes se parapetan en el deber cumplido para notificar a la CNMV que las acciones del Popular no valen nada. Ver

http://ep00.epimg.net/descargables/2017/06/07/8557b1ff470ca134a67ec1ab1c60e535.pdf

Veremos, si valen o no valen o cuanto valen, estos trúhanes pagarán por lo que han hecho y tan solo depende de ti. ¿Problemas a la vista? Ninguno, tan solo que de los 305.000 accionistas del Popular se apunten (de momento sin compromiso alguno) los que caben en un taxi. Aquellos que puedan estar interesados aquí tienen un número 900 69 65 39 donde llamar o bien dirigir un e-mail a teseoconsulting2016@gmail,com

Empieza la batalla: Para aquellos que esta situación les viene de nuevo me he acordado del preámbulo que se encuentra en El Poder que viene como anillo al dedo con lo que ha pasado con el Banco Popular, como verás la piratería es la misma. Conviene, cuando dispongas de tiempo, que vayas despertando. España está repleta de ladrones.

CON LA VENIA

“No recibas en depósito el botín del salteador. Aquel que roba y aquel que encubre son culpables de un mismo delito” (FOCÍLIDES)

No ha sido fácil la tarea de completar el contenido de este libro. La dificultad principal, por encima de la recopilación de los datos necesarios o la estructuración más o menos apropiada de la narración, ha consistido en algo bastante más complejo: llevar al conocimiento de quienes puedan estar interesados en un capítulo significativo de nuestra historia financiera, e incluso de nuestra reciente historia política, unos hechos cuya certeza se halla a años luz de la verdad oficial. Partiendo de tan señalado inconveniente, lo que el lector tiene en sus manos es un relato que, ajustándose a múltiples elementos probatorios obtenidos en fuentes inconcusas, no se aviene a los usos convencionales para llevar a término este tipo de obras. Digámoslo por derecho: lo que aquí se describe pretende descorrer el velo, aunque sólo lo hayamos conseguido parcialmente, de la creciente degradación que en el ámbito financiero padecen las instituciones y los poderes de la sociedad y del Estado.

La ciudadanía, por lo general, vive en la inopia por lo que concierne a las cuestiones de verdadera enjundia. Los medios de comunicación —el cuarto Poder— han escalado con osadía, y a veces con dudosas artes, la pirámide de las prerrogativas sociales hasta alcanzar cotas de influencia oligárquica que se consideraban inaccesibles. Al propio tiempo, los poderes clásicos del Estado —el legislativo, el ejecutivo y el judicial— han ido debilitándose aceleradamente hasta permitir la hegemonía del Poder, los grandes grupos capitalistas, en la más amplia realidad social, política y económica del país. De esta suerte, al superar con creces el papel que le asigna el sistema democrático, la prensa, fiscalizada a su vez por la influencia espúrea del Poder, se cree con legitimidad bastante para celebrar juicios mediáticos en los que la verdad oficial se impone inexorablemente a la opinión pública, e incluso a las decisiones judiciales. Al tiempo que el pensamiento único santifica a quienes se manifiestan con docilidad en pro de las tesis preconcebidas por poderosos, sataniza despiadadamente a cualquiera que se atreva a mostrar su repugnancia ante los vertidos tóxicos que, en forma de mensajes más o menos sutiles, transmiten los medios de comunicación sobre un asunto determinado.

Por tanto, los que transitan a su antojo por los más vastos territorios de la realidad española, demostrando cada vez con más fuerza su indiscutible supremacía, son los titulares, detentadores más bien, del poder económico, aunque no tengan otra representatividad institucional que la de contar, nada más y nada menos, con la razón de la fuerza impuesta por el dinero de las buenas gentes, un dinero ajeno que se les confía de buena fe y que ellos manejan a su albedrío para enriquecerse todavía más, y de paso sellar bocas, acallar conciencias y movilizar voluntades. Ese poder sempiterno, el del dinero, tiene entre nosotros la notabilísima habilidad, como las especies miméticas más sofisticadas de las islas Galápagos, de adaptarse al medio en cualquier caso y bajo cualquier régimen. Inventar o crear, lo que se dice construir algo verdaderamente provechoso para el interés público, esa casta privilegiada e impune, a diferencia de los verdaderos empresarios, que arriesgan su patrimonio y su esfuerzo, no ha inventado o creado nada, mientras mueve a su antojo con mano de hierro los hilos del poder sin necesidad de respetar las exigencias y los límites del Estado de Derecho, valiéndose de una versión actualizada de los corsarios que navegaban por los siete mares durante los siglos XVII y XVIII.

El fin justifica los medios: el botín, la presa capturada al abordaje, el conjunto de bienes despojados al enemigo con violencia o de manera solapada para enriquecimiento de los vencedores, viene a ser hoy día una institución, más que un resultado, que rodea paradójicamente a quienes la ejercen del mayor prestigio y de envidiable respetabilidad. El derecho de captura, reminiscencia del «derecho del puño», la ley medieval del más fuerte, se reconocía por los gobiernos a súbditos propios y extranjeros propicios, mediante las «cartas de marca» o «patentes de corso», para actuar libremente contra los buques enemigos, lo que fomentaba la creación de asociaciones de raíz capitalista para la captura del botín. Si aquella terminología ha caído en desuso, muchas decisiones político—financieras de los gobiernos de turno permiten la comisión de auténticos actos de pillaje al amparo de disposiciones legales fraudulentamente concebidas, interpretadas o aplicadas. La esencia del corso, por tanto, se mantiene incólume entre nosotros, aunque no se ampare en una explícita regulación legal. Los grandes bucaneros ingleses, los Cavendish, los Drake y tantos otros, fueron armados caballeros en reconocimiento de una conducta ejemplar: haber favorecido con sus iniquidades los designios de la corona, al tiempo que en las arcas regias ingresaba buena parte de las riquezas arrancadas por las armas al enemigo. Nobles franceses, como Grammont y Montbas, procedentes del corso activo, dieron cuerpo a clanes respetados y temidos que se consagraban a asolar el mar de las Antillas y las posesiones españolas del Caribe, el lejano precedente de los paraísos fiscales de nuestros días.

En este libro, dispuestos como estamos a llamar a las cosas por su nombre, relataremos las hazañas de buena parte de los más notables corsarios de nuestro tiempo y de sus mentores. Porque en la España de hoy, lejos de haber desaparecido las patentes de corso, estos gratificantes reconocimientos de impunidad han llegado a actualizarse de hecho merced al ingenio y la influencia de los beneficiarios. Cada uno de los gobiernos que se han sucedido desde el inicio de la transición ha legitimado con sus prebendas, según los casos, a los grupos capitalistas en que cristaliza en estado puro el poder económico. Los prohombres que se consagran con ahínco a tan pingües menesteres, así como sus principales mandatarios, alcanzan un rango tan honroso como el del corsario clásico al recibir la codiciada patente, lo que obliga a una generosa contribución —do ut des— a las cajas del concedente. La diferenciación de las nuevas cartas de marca, en parangón con las tradicionales, estriba en que ahora, a pesar de las solemnes declaraciones de la Carta Magna, carecen en la práctica de limitaciones normativas. Por lo que habría que postular el inmediato restablecimiento de la Novísima Recopilación, cuyo libro IV título VIII regulaba la actividad corsaria con admirable precisión jurídica, muy superior a la Ordenanza de Corso promulgada por Carlos IV el 20 de junio de 1801. No olvidemos que para Juan Laso de la Vega, «bien mirado, las naves de Cristóbal Colón eran corsarias, no habiendo salido a la mar el gran navegante genovés sin antes haber estipulado y firmado las famosas capitulaciones».

El gran deterioro del basamento ético de las instituciones del Estado, al poner sus atribuciones a disposición del corsario de turno, es el caldo de cultivo que permite al Poder medrar, desarrollarse y actuar a su aire, un poder etéreo que succiona parasitaria mente la savia del sistema democrático, cada vez más debilitado, hasta la anomia social. Sin descartar, porque el dato no resulta tan anecdótico como parece, la concesión —a cambio del «quinto real»— de algún que otro título nobiliario a los corsarios más solícitos y complacientes o a sus instigadores. Nuestro refranero, ese insustituible repertorio de reflexiones críticas preconcebidas tan denostado por los espíritus exquisitos, resume en forma lapidaria lo que está sucediendo entre nosotros: «Llegan a ser ricos los osados y los ladrones, y en llegando ya son nobles».

No obstante, la inmensa fuerza acumulada mediante la actividad corsaria raramente se emplea al unísono: uno sólo de los poderes del Estado, cualquiera de ellos, puesto al servicio del depredador, es más que suficiente para que la tripulación de la nave, con la patente de marca cuidadosamente custodiada en el camarote del capitán, aborde sin correr mayores riesgos el objetivo que se avista en lontananza. Sólo excepcionalmente, cuando se otea un inmenso botín, una presa de proporciones descomunales, es necesario emplear para su captura los medios más poderosos. Es entonces cuando el Poder exige sin titubeos, a fin de alcanzar la presa y hacerla suya, el máximo rendimiento de las instituciones a su servicio. El ejemplo más claro se dio el día de los Santos Inocentes del año 1993: fue un 28 de diciembre cuando el Poder se abalanzó sobre un objetivo tan colosal que la magnitud del empeño requería poner a prueba su enorme capacidad hegemónica. El botín, huelga decirlo, fue el Banco Español de Crédito, el banco más prestigioso y de más respetable tradición entre nosotros.

Siguiendo el hilo conductor de lo sucedido en Banesto, antes y después de su intervención por el Banco de España, es posible constatar una serie de acontecimientos que ponen de manifiesto, sin que medie prueba en contrario, la omnipotencia del Poder. Este libro es la modesta contribución de un impenitente demócrata, posiblemente un vano intento por su parte, para remediar la falta de información sobre el repertorio de despropósitos que, durante la larga representación teatral del «caso Banesto», se ha volcado implacablemente sobre la ciudadanía. El autor, que a pesar de los pesares no está dispuesto a renunciar a sus viejas convicciones en pro de la libertad y el Estado de Derecho, trata así de poner de manifiesto los fraudulentos métodos empleados por una oligarquía carcomida por la corrupción al servicio de su afán ilimitado de poder y riqueza. Una pretensión semejante, que a buen seguro desborda nuestras limitadas capacidades, consiste en exponer sin tapujos unos hechos contrastados mediante una larga investigación no exenta de obstáculos y sinsabores. Así y todo, partiendo de donde se parte hasta llegar hasta donde se concluye, la obra quizá pueda servir para explicar los puntos fundamentales del gigantesco expolio y algunas cosas más. Que cada cual, si le pete, saque sus propias conclusiones. Y si en el curso de la narración el lector cree advertir una determinada toma de posición por parte de quien esto escribe, atribúyalo a la falta de capacidad de abstracción que el asunto por sí mismo suscita a quien llega a comprobar, mediante el acopio de abrumadores elementos de juicio, la ruindad moral de ciertas instituciones del Estado. Y, sobre todo, a la expansión incontenible de la inmensa bóveda que ha levantado sobre nuestras cabezas el Poder, que todo lo invade, todo lo cubre y todo lo condiciona.

Barcelona, 30 de agosto del año 2000, conmemoración del martirio del presbítero romano San Félix, atormentado en el potro y degollado por confesar su fe y proclamar la verdad (JUAN CROISSET, “Año Cristiano”,  ed. 1876, tomo IV, página 1435)

El autor