¿Alguien explica como hemos llegado a esta ciénega? (1)

Dicen que cuando te encuentras con un gallego en una escalera no se sabes si sube o baja. Subir y bajar son acciones contradictorias. El presidente del gobierno, como buen gallego, es un artista en acciones contradictorias, simultáneamente y sin despeinarse anuncia una amnistía fiscal y una lucha contra el fraude. Estamos perdidos, ya no se trata de las mentiras que nos contaba Rodríguez Zapatero y su Champions Ligue, ahora  Mariano Rajoy pretende la cuadratura del círculo cuando anuncia ajustes presupuestarios por miles de millones, unos 27.000 de una tacada, que justifican la amnistía fiscal que nos va a reportar 2.500 millones de euros en las arcas públicas. Esta cifra esta calculada a ojo de buen cubero ya que estima que aflorará dinero negro por 25.000 millones de euros. Liquidando un diez por ciento del dinero negro las almas pecadoras podrán redimir sus escaqueos fiscales. Muy bonito, pero ¿No hubiera sido mejor no haber propiciado este desmadre fiscal y ser más honestos con la ciudadanía que deposita su voto en la confianza que los representa gente responsable? Hasta ahora la fiscalidad de la banca y las grandes empresas ha sido virtual, los fabulosos beneficios en los años de las vacas gordas no se los ha visto traducidos en ingresos efectivos en el Erario Público. Las deducciones fiscales y el compadreo con la clase política que dicta leyes y normativa que les beneficia llegan incluso a ostentar el privilegio de echar mano a la caja como si se tratara de una declaración de renta negativa. Ahora en plena vigencia de vacas flacas la Asociación Española de Banca AEB se descuelga que en el último ejercicio, el conjunto de los bancos españoles pagó por Impuesto de Sociedades sólo el 14,5% de su beneficio, con un total de 1.661 millones de euros. Aunque es una miseria, contando que el Impuesto sobre Sociedades es del 30%, es mentira. No se ni como se atreven a informar de ese 14,5% cuando cualquiera de los españolitos con un sueldo de subsistencia contribuye en un porcentaje mayor.

Esta tasa impositiva en conjunto de 1.661 millones de euros del ejercicio de 2011 supone un verdadero desplome respecto a la declarada como ingreso en las arcas públicas en 2010, cuando la factura fiscal del sector ascendió a 4.634 millones. Es una mentira tras mentira a pesar de lo que se atreve a pronunciar el presidente de la AEB, Miguel Martín: «la banca no es especial y paga los mismos impuestos que el resto de sociedades, paga lo que le corresponde». Y añadió que «si hay que modificar los impuestos, nos adaptaremos, lo que no queremos es un impuesto especial sobre la banca que penalice los créditos y los depósitos». Siempre con lo mismo, la amenaza de restringir el crédito ¿Más todavía? Pero la primera parte de la frase da una pista de lo que se cuece: las deducciones fiscales a la banca se irán retirando pues son de tal magnitud que permite a Miguel Martín decir con todo el garbo del mundo que pagan “lo que les corresponde”. Los bancos lo tienen todo de cara, durante años sus balances contables nada tienen que ver con la fiel imagen de su realidad operativa. Las sociedades participadas y los paraísos fiscales les permiten eludir al fisco. Por ahí llora la criatura. Los bancos y las grandes empresas se olvidaron, durante años, de sus obligaciones fiscales.

Esta situación se ha podido mantener mientras las vacas gordas iban de prado en prado, pero ahora cuando la hierba escasea no es posible que la ciudadanía, que nada ha tenido que ver con la crisis, apechugue con las consecuencias mientras los bancos y las grandes corporaciones se van de rositas. La deuda privada se mezcla con la publica y el suflé sube y sube ¿Pero como demonios los bancos y las grandes empresas se endeudaron hasta la estratosfera? Agárrate que viene curva. A estos angelitos que ostentan el poder económico se les trata con guante de seda todo lo contrario que el contribuyente al que se le aplica la mano de hierro. Para los del guante existe una gran cantidad de deducciones que contribuyen a reducir la factura fiscal. No hay nada mejor que tener filiales en el extranjero ya que si una filial tiene pérdidas en otro país, son deducibles en España. A pedir de boca, por el contrario los dividendos cobrados de empresas en el exterior están exentos de tributación. No acaba aquí la milonga, los gastos financieros para adquirir sociedades extranjeras son deducibles. Manda huevos, aquí tienes respuesta de cómo la deuda española se ha ido de madre. A bodas de convidas. ¿No sería más lógico que estas deducciones fiscales se aplicaran por inversiones en el suelo patrio y no en cualquier confín del mundo? Estos cabrones utilizan todos los resortes posibles con tal de desplumar al Erario público. La casa es grande y no repara en gastos. ¿Qué beneficio social representa financiar la salida de dinero de España? No se ve ninguno por ninguna parte.

No acaban aquí las peroratas de Miguel Martín, un pájaro de mucho cuidado ex subgobernador del Banco de España, que desde la AEB se explica que «no se puede tomar esta cifra como los impuestos realmente pagados, sino como el impacto en los resultados que tiene el gasto en impuestos». He recogido esta afirmación ya que la considero un desliz de tan prominente caballero. Llevo años preguntándome por qué demonios los bancos ostentan el privilegio, dudo que nadie se lo pueda dar, de considerar el balance contable y el balance fiscal. Cualquier empresa tiene un balance único, del beneficio bruto se sustrae los impuestos y finalmente queda el beneficio neto. En cambio en las memorias de estas entidades aparece el balance contable que de ninguna manera aplica las infinitas deducciones dando a entender que pagan a Hacienda como todo contribuyente. Mira por donde Miguel Martín nos señala la diferencia. Otra pregunta tonta ¿La diferencia entre el balance contable y el fiscal donde va a parar? Estoy hablando de muchos millones que se acumulan año tras año. El Viva la Virgen de las deducciones todavía da más de sí. Los morosos de un banco van a cuenta de los impuestos de la plebe en lugar de mermar los beneficios del banco. ¿No te parece maravilloso? La cosa funciona así: el banco acumula una cartera de créditos o préstamos que no ha podido cobrar y los vende, con un descuento, a empresas especializadas que se cuidan de exprimirlos hasta la última gota. El diferencial entre el importe de la venta de los créditos y su valor nominal pendiente es deducible de los impuestos a pagar. Cada españolito, de tierna o avanzada edad, paga a Hacienda una media de 839 euros de más para poder compensar la evasión de impuestos de los bancos y las grandes empresas que defraudan todo lo que pueden y más. Mientras el país se endeuda, le damos dinero a los bancos y nos tachan de insolventes. ¿De verdad somos tan imbéciles? Parece que sí.

¡Camarero, una de impunidad absoluta! Marchando…

 No hemos llegado a este barrizal, a esta ciénaga por casualidad o por el designio de los dioses, ni por la torpeza de la población. Hemos llegado de la mano de nuestros representantes políticos en pleno compadreo con quienes ostentan el poder económico. Mientras la fiscalidad se iba extendiendo a todas las capas de la sociedad la Agencia Tributaria no dejaba de pasar una a los que dependen de un sueldo o un pequeño negocio. Los potentados, las grandes empresas y sobretodo los bancos se las inventan todas para no pagar un triste euro. Así, año tras año, impunidad tras impunidad se ha ido consolidando un Estado donde los impuestos indirectos y el escaqueo fiscal de los poderosos se institucionalizó. En 1986 los más altos responsables del Banco Santander diseñaron la puesta en marcha y la comercialización de un producto que se conocería como “cesión de la nuda propiedad de créditos”, o abreviadamente “cesión de crédito”, destinado a incrementar los recursos y los beneficios del banco a cambio de facilitar a sus clientes un medio para la elusión tributaria y el blanqueo de capitales. Se trataba de reconocer una alta retribución al dinero depositado, que hubiera sido utópica en el ejercicio de una actuación bancaria normal u ortodoxa, pero que se obtenía en la práctica por ese “nuevo” procedimiento que garantizaba la “opacidad” y el incumplimiento de las obligaciones tributarias. El “producto» se comercializo durante el periodo 1986 a 1992; el numero de cesiones fue de 42.274, y su valor global ascendió a la exorbitante cantidad, en aquellos años, de 432.965 millones de pesetas. Según el informe pericial solicitado por el Juzgado instructor, 9.566 de estas operaciones, por importe de 145.120 millones, se califican de titular “discrepante”, al haberse empleado titularidades falsas (personas que desconocían la operación o que incluso habían fallecido), para formalizar las cesiones.

De esta suerte, se llego incluso a tomar el nombre del ordinario de Tarragona, por lo que el sorprendido prelado, que, con perdón, no sabia de la misa la media, al ser interrogado por los periodistas sobre un asunto tan “opaco”, no dudo en contestar con encomiable sentido del humor: “Señores, confieso que en mi larga vida pastoral he cometido muchísimas faltas, pero ahora no puedo arrepentirme de las cesiones de crédito, como ustedes llaman a esas cosas, porque ni siquiera sé lo que significan”. Estamos, pues, en presencia de una actuación bancaria del Santander en detrimento de la Hacienda Publica con más de cuarenta mil clientes implicados en la vastísima trama. Los clientes aceptaron la oferta del Santander pensando en la seguridad que les ofrecía algo que había planeado una entidad tan poderosa y respetable. En apariencia, el “producto” ofertado por la entidad bancaria consistía en la venta a la clientela de determinados créditos concedidos por el propio banco a otros clientes suyos. Para ser exactos, se trataba de algo más sofisticado, puesto que no se cedían los créditos propiamente dichos como unidades económicas, sino su nuda propiedad. Por lo que el Santander cobraba una comisión, mientras que la remuneración al cliente consistía en la diferencia entre el valor “actual” del crédito y su valor “al vencimiento”, es decir, el valor de compra incrementado con los intereses devengados por el crédito desde el momento de su cesión hasta que vencía.

Los funcionarios de Hacienda tardaron su tiempo en actuar, cuando lo hicieron el Banco Santander ya estaba encumbrado en la cima y había conseguido su propósito y todavía más. Cuesta entender que un producto financiero destinado a zafarse, descaradamente, de la fiscalidad y difundido a gran escala por una solvente entidad financiera no precisara de la conformidad de las autoridades económicas, misterio que de resolver no daría lugar a que al Estado se le pudiera torear como una vaquilla entre la risotada de los que se mofan a mandíbula batiente. Lo dicho, era tanto como emplear el puño de hierro con los contribuyentes ordinarios y el guante de seda con las entidades financieras con derecho medieval de pernada. Miles de millones, de las antiguas pesetas, le dieron esquinazo al Erario público por las “cesiones de crédito”. Así y todo el banco de los Botín tuvo que bregar lo suyo. Las cesiones ideadas no reunían las exigencias legales; no eran más que una simulación negocial con fines ilícitos, por la que el banco recibía una cantidad en metálico del cliente, lo que, en vez de originar la apertura de una cuenta corriente, de ahorro o a plazo, con una remuneración correcta en forma de intereses, se mantenía como “dinero opaco” en las cajas del banco al amparo de una inexistente cesión.

Al cliente se le entregaba un peculiar “recibo”, según el cual el banco decía haber tomado “para su custodia” el documento de “cesión crediticia” que quedaba en su poder “para su gestión de cobro y ulterior reembolso”. Y a fin de cubrir el principio de especialidad, el recibo detallaba el nombre de un deudor cualquiera del propio banco, una cantidad y un vencimiento, pero la cesión realizada no se le notificaba a ese supuesto deudor, era tan sólo una maquinación. Pero el problema, y gordo, para que la operación fuera opaca al fisco, consistía en suplantar con otro nombre a quien adquiría tan fantástico producto financiero. La solución a este gordo problema la podría dar un niño de seis años. Si no se puede poner un nombre pues que se ponga otro, y así aparecieron en escena miles de fallecidos, entidades imaginarias, testaferros, indigentes y hasta figuraban alias. El esquema completo estaba basado en una pirámide y con tantos intermediarios que hacía su comprobación casi imposible pero servía de tapadera.

Los funcionarios de Hacienda se toparon con la fortaleza inexpugnable de los Servicios Jurídicos del banco, una tropa pretoriana que rivaliza en distinguirse por su ferocidad al darle la vuelta a los hechos más evidentes. El asunto llegó finalmente a manos de la justicia, o de la injusticia si se prefiere debido a como acabó. El procedimiento judicial se demoró lo suyo, más de catorce años, y pasó a los anales de la historia judicial española como el triunfo esplendoroso del poder del dinero tratado con guante de seda. Se pasaron años, entre dimes y diretes, para responder a la petición del juez para que el banco proporcionara el nombre de las personas que habían adquirido el producto financiero. El Departamento de Inspección del Ministerio de Economía y Hacienda fue toreado por el banco una y otra vez, siempre con un argumento sacado de la manga. Acabó facilitando el importe de las operaciones pero retenía la identificación de los titulares, por tratarse, según indicaba, de operaciones vencidas. Esto continuó así hasta que al juez Miguel Moreiras se le hincharon las pelotas e imputó como responsable del fraude, el mayor de la historia española, al presidente del Banco Santander y a todo el consejo de administración.

A partir de ahí, al observar consternados de que el juez se había vuelto loco y que incluso había determinado una cuantiosa cifra de muchos ceros en concepto de fianza, Emilio Botín y la cúpula del banco cambiaron radicalmente de opinión: ellos, ni por asomo, habían fabricado, promovido, o comercializado un producto para zafarse de la fiscalidad, habían sido los clientes que con una imaginación desbordante, y con una fobia hacia la Hacienda Pública se escaqueaban de sus obligaciones fiscales. Ellos se habían resistido hasta lo imposible pero su inocencia estaba por encima de todos, quien tuviera que pagar que pagara y soltaron el listado con los clientes infieles. Parecía que este mal cuento estaba destinado a que provocara una sonora carcajada en el ámbito judicial, echarle la autoria del fraude fiscal a los clientes era, cuanto menos, insultar la inteligencia del juez y compañía. El fiscal del caso y el abogado del Estado confirmaron, vehementemente, que Botín y la cúpula del banco estaban en lo cierto, los clientes eran los defraudadores, por lo tanto no hacía falta que vinieran a declarar al juzgado y perdieran una mañana de su valioso tiempo, el caso se podía dar por cerrado. 

El fiscal del caso y el abogado del Estado no se hicieron esperar en mostrar su conformidad en el disparatado argumento del primer banquero del país. El fiscal en su escrito al juzgado se manifestó: “Por el Ministerio Fiscal se emitió informe en el que terminaba interesando del Juzgado que acuerde el sobreseimiento libre respecto a las personas del Banco Santander que, a lo largo de esta causa, han sido citadas como imputados, y respecto de ….” . El abogado del Estado no se quedaba corto suplicando al Juzgado: “acuerde la no exigibilidad a los administradores del Banco Santander de responsabilidad penal ninguna por cooperación necesaria en comisión de posible delito fiscal en relación a los principales invertidos por los clientes, y con respecto al presunto delito de falsedad, considera que dicha imputación es insostenibles ..” .Era de suponer que el fiscal, encargado de velar por la legalidad, y el abogado del Estado, responsable de cuidar los intereses del Erario público, iban a poner su mejor empeño en colaborar con el Juzgado instructor y apoyar con su decidido impulso la investigación sumarial. Pues no, estos angelitos hicieron exactamente lo contrario. ¿A qué intereses sirven en realidad tan cualificados funcionarios, que cobran del presupuesto del Estado, para defender el interés público? Se trataba, hasta la fecha, del mayor fraude fiscal cometido en España.

Todas las evidencias, pruebas documentales, testimonios no sirvieron para nada. El juez Miguel Moreiras se vio obligado, al aliarse, con descaro, la acusación con la defensa de los imputados, a cerrar el caso con más pena que gloria. El juez, Moreiras duró poco en su cargo y fue desterrado a las quimbambas en un juzgado de una población rural para que impartiera justicia entre agricultores y ganaderos por la disputa de un linde o una vaca. Los asuntos de Estado son palabras mayores y no pueden estar en manos de descerebrados, esta fue la sentencia inapelable que dictó Emilio Botín y se cumplió aminorada ya que el banquero exigía la expulsión del juez de la carrera judicial. No quedaba duda de la autoria intelectual, el producto financiero había sido diseñado e implantado por el banco, existía, a su vez, abundante correspondencia entre la dirección y los centros regionales facilitando instrucciones a los directores de oficina que lo acreditaba, ya que no podía ser de otra manera.

Incluso el banco, ante la avalancha de clientes, tuvo que comisionar a uno de sus empleados para que se recorriera los cementerios de España facilitando nombres de difuntos. Tan seguros estaban de su impunidad que ni tan siquiera tomaron la precaución que los nombres extraídos de las tumbas y nichos, uno al lado del otro, coincidiera con la numeración consecutiva del fabuloso producto financiero. Series enteras de “cesiones de crédito” correspondían con nombres de un mismo cementerio calle por calle. Quienes apechugaron con el marrón fiscal fueron los clientes. No todos llevaron su dinero negro concientes de que el Banco Santander  había descubierto la sopa de ajo de retribuir a buen interés por un dinero opaco. Otros explicaban otra versión, como la expuesta por Antonio Pontón Gamela, de Guadalajara en un escrito dirigido al director de la oficina de su población. Se trata de una carta obrante en los legajos del procedimiento judicial. Dice así: (literal)

 “El motivo de la presente es para comunicarle por escrito la historia sobre Hacienda, que usted ya conoce, para que la haga llegar a instancias superiores dentro de la organización bancaria de la que forma parte. Desde hace más de diez años soy cliente de ese banco y con usted son ya tres los directores que he ido conociendo en el transcurso de estos años.

Siempre he confiado mi dinero, mucho o poco, blanco o negro a esta entidad y siempre me he dejado asesorar por los distintos directores, como usted bien conoce. Su antecesor en el cargo, Sr. Vallejo, en su día me asesoro, creo que con la mejor intención, sacar el dinero que poseía en esa época en pagarés del tesoro y en cuentas familiares e invertirlo en “Cesiones de Crédito” un producto “negro” que en aquel tiempo ofrecía su banco. Así lo hice y me fueron pagando los intereses hasta que, repentinamente, el Sr. Vallejo fue trasladado y aquí es donde ya entra usted.

Al poco tiempo de su llegada me comunicó que su entidad se veía obligada a comunicar a Hacienda el nombre de los tenedores del producto “Cesiones de Crédito” y que me ofrecía dos alternativas: cambiar el nombre o pagar una complementaria blanqueando la imposición.

Como usted recordará optamos por la primera posibilidad e hicimos venir a mi tía Cándida, la cual firmó los documentos correspondientes y al mismo tiempo rompimos los que existían a mi nombre. Hasta aquí todo correcto, yo quedé con la conformidad de que todo se había realizado según usted había propuesto.

En febrero de este año recibo una citación de la Inspección de Hacienda para revisar los cuatro últimos años. Preparo toda la documentación y envió a mi asesor fiscal con la conciencia de llevar todo correctamente. Mi sorpresa es cuando mi asesor fiscal me hace saber que en la Inspección consta mi nombre como tenedor de 14.000.000 de pesetas en “Cesiones de Crédito” según le ha comunicado el Banco Santander”.

Que necesidad tenía este cliente del banco de meterse en esta añagaza, que acabó de caer con estrépito, sino fuera por la recomendación de su entidad ya que tenía sus ahorros en pagarés del tesoro. ¿No os recuerda este proceder con lo acontecido con las participaciones preferentes? Los líos y las estafas se repiten en un carrusel que detrás de una viene otra. Quien resolvió el monumental dislate a su favor fue el propio Emilio Botín cansado que la asesoría jurídica del banco le anunciara que el asunto iba por buen camino, pero pasaban los años y se seguía en el pantano. La fantasía provenía de su propia cosecha, y lo exponía convencido que eran los clientes los defraudadores fiscales. Cuando los servicios Jurídicos del banco escucharon, de propia voz, la perorata del presidente no se lo podían creer, es más, llegó a afirmar que podían echar pa lante, sin miedo, con este argumento ya que el Gobierno estaba de acuerdo, y que ya se apañarían ellos en soslayar los vericuetos judiciales. Ninguno de los juristas congregados en el despacho presidencial se atrevió a poner en duda las palabras del presidente del banco aunque el argumento era de locos. Todo había tenido lugar unos días antes en ese mismo despacho. Botín convocó al ministro de Hacienda a una reunión urgente.

La siguiente conversación puede variar en su literalidad ya que corrió de boca en boca sin saber de cierto toda su extensión. Hecha esta precisión continúo. Emilio Botín sin disimular, como era de costumbre, su cólera y sin preámbulo alguno le soltó a bocajarro.

-O haces algo o ya te puedes ir despidiendo de mi apoyo. Y ya sabes lo que esto significa para ti y tu familia. ¿Tú sabes que han puesto precio a mi cabeza; lo sabes?

-No exageres presidente, tan sólo el juez Moreiras pretende fijar una fianza.

-Pero que dices, ese tipo pretende llevarme a la cárcel, lo oyes, lo oyes bien, me ha ¡imputado! Me ha ¡imputado a mí! –Botín ya se estaba subiendo a la parra, sus gritos se oían por toda la planta noble y servicios adyacentes.

-Tranquilízate presidente todo está por resolver, hemos hecho todo lo posible en este asunto, e incluso más de lo que procede, saliéndose del elemental decoro y las buenas prácticas en cuanto hace a la administración de justicia, para que el asunto quede en agua de borrajas en beneficio de los principales imputados –dijo como pudo el ministro.

-Todo lo que dices son monsergas, tu sabrás lo que te conviene hacer. Te recuerdo que el banco tiene vencidos tus préstamos, créditos y requetecréditos con que nos has ido sableando tu, tu familia y tus empresas. –dijo el presidente del banco en el tono que más le gustaba expresarse para que no hubiera ninguna duda que profería una amenaza.

-Presidente, no creo que sea el momento más oportuno para echarme en cara este asunto.

-¿Cuándo te parece a ti oportuno, mañana, pasado … cuando? Que sepas que mi dinero no tiene momento oportuno para reclamar lo mío. ¿Te enteras?

-Fíjate, presidente –trataba de razonar el ministro – primero se ha tratado de eliminar una parte grandísima de las operaciones aumentando el límite del delito fiscal a quince millones de pesetas, lo cual ha permitido despejar el camino para dejar sin efecto multitud de infracciones que podían dar motivo a una acusación penal.

-Todo lo que me dices son chorradas, sois un atajo de incompetentes en vez de dejar que me empapelen tendrías que hacerme un monumento por haber acabado con el dinero negro que circulaba por el país –dijo Botín encaminando el asunto a su redil.

-No entiendo, lo siento presidente no lo entiendo.

-No esperaba menos de ti, de tu Gobierno y tu partido, sois un atajo de asnos sino fuera por mi y por las cesiones de crédito todavía tendrías a la mitad de los españolitos anónimos con su dinero en el colchón, ¡Yo, yo os daré sus nombres! Atajo de asnos.

-Pero si esto es lo que pretendemos hace años, presidente. –dijo extrañado el ministro.

-Pero me imputáis a mí y a mi consejo cuando son exclusivamente los clientes los defraudadores al fisco.

-Perdóname, presidente, pero se te imputa a ti y a tu consejo porque sois los responsables de la maquinación de poner en el mercado un producto para defraudar a Hacienda.

-No te quiero oír más –dijo exaltado Botín poniéndose en pie como impulsado por un muelle- ni una palabra más; cambias al fiscal del caso, cambias al abogado del Estado y los que vengan que vengan con la lección bien aprendida: los clientes son los defraudadores y nadie más.

Despejado del mapa el juez Moreiras el asunto pasó a la jueza Teresa Palacios que con el fiscal en contra y el abogado del Estado que nada tenía que reclamar al Consejo de Administración del Banco Santander todo quedó listo hasta que se consume el próximo expolio de las arcas públicas que se fue repitiendo de tal manera hasta que la vaca anoréxica no dio más de si. Y ahora estamos donde estamos. Queda un misterio más que desvelar, el “ministro” e interlocutor de Emilio Botín en esta esperpéntica conversación no es otro que Rodrigo Rato. Botín tenía cogido a Rato por el bajo vientre, apretando y retorciendo, por el asunto fallido de su empresa familiar Aguas de Fuensanta que finalmente Banesto adquirió para no ejecutar los préstamos y créditos concedidos.

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