La concesionaria de las autopistas catalanas en manos de la fiscalía

Firmantes de la denuncia: Xavi Ponsdoménech, Josep Casadellá, Míriam Nogueras, y a la derecha, Jordi Roig

Josep Casadellá impulsor de la plataforma novullpagar (noquieropagar) que se opone al pago de los peajes en las autopistas catalanas ha dado un significado paso al frente al presentar una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Cataluña. El escrito de denuncia va acompañado de documentación que puedes revisar en pdf al pie de este artículo. novullpagar ha basado su denuncia en el post publicado en este blog el 7 de mayo, ver: Las autopistas catalanas en manos de estafadores insaciables que una vez revisado a fondo coincide plenamente con el titular. Los administradores de la concesionaria Abertis, que actualmente ostenta la explotación de las autopistas al consolidar entre su grupo de empresas Autopistas Concesionaria Española S.A. (ACESA) sociedad que La Caixa agrupó con la participación que ostentaba la Caja de Barcelona en el momento de la fusión de ambas cajas, están en falso. Desde el mismo instante que La Caixa se hizo con el control accionarial de ACESA dejo de respetar las condiciones que estaban fijadas por el decreto 165/67 inherentes a la explotación de la autopista y a la aplicación de los beneficios que estaban limitados a un 15% sobre el capital invertido. La Caixa, a su libre albedrío, le pareció poco el rendimiento especificado por ley y publicada en el Boletín Oficial del Estado y se lo saltó a la torera. No sólo dejó de incumplir las condiciones especificadas sobre la limitación de los beneficios sino la obligación de construir nuevos tramos de autopista con el excedente de los beneficios obtenidos. Además, como los beneficios eran cuantiosos, debía aprovisionar (retraer de los beneficios) una cantidad para que una vez acabada la concesión recuperara la inversión aplicada como obra construida. Las condiciones descritas en el decreto de adjudicación de la concesión son claras; funciona como si se tratara de un “préstamo” que recibía el Estado y se aplicaba en la construcción de la autopista. Así, el concesionario cobraba un interés del 15% que obtenía de los ingresos por peaje y retenía una cantidad anual, también de los beneficios, que servía para constituir un fondo con que liquidar el “préstamo” al final de la concesión.

ACESA, controlada por La Caixa lo incumplió todo y se hizo con los cuantiosos beneficios que eran tanto como el 77% de los ingresos por peaje. Con los beneficios de cuatro años recupero el total de la inversión, hay tramos que se han pagado, a través de peajes, 20, 30, y 40 veces el coste de la autopista, concesiones a 25 años todavía están vigentes 42 años después. El despelote es extraordinario y pone de manifiesto que el sindicato del crimen goza del amparo y protección de la clase política que permite esta clase de abusos que claman al cielo. La Caixa, para hacer imposible el rescate de las concesiones que disfrutaba ACESA maquinó un esperpéntico plan que consistía en retraer de los cuantiosos beneficios cantidades astronómicas para, sin necesidad alguna, ampliar capital y así blindar la concesión, dicho de otra manera, en lugar de retraer de los beneficios el coste de la obra, tal como quedaba estipulado en las condiciones de la concesión, se aplicaban en aumentar capital y hacer inalcanzable la cuantía a rescatar. No contentos con esta maniobra sacaron a bolsa acciones de la compañía con lo que la capitalización bursátil (el valor de las acciones por el número de las que circulan) alcanzó más de cinco veces su valor nominal. Todas estas astracanadas y muchas más le han sido consentidas a ACESA por la Generalitat de Catalunya y la Administración del Estado, la constelación de favores y cosas raras llevan rodando durante años. El robo a la ciudadanía, se podrá decir de muchas maneras, asciende a miles de millones.

Palau de la Música Catalana

Lo que ahora está en juego para La Caixa, Abertis y ACESA es la pérdida de las concesiones por el flagrante incumplimiento de la ley y más específicamente de las condiciones inherentes a la concesión. Los responsables, una larga cadena, han cometido, dejemos aquí el supuesto para hacer bonito, una retahíla de delitos que la fiscalía deberá calificar. Los accionistas de CaixaBank y los de Abertis pagaran los platos rotos, y sobre los administradores de estas sociedades recaerá el peso de la ley. La Generalitat de Catalunya no podrá soslayar la responsabilidad de una actuación que se aprecia como prevaricadora al sostener y conceder nuevas concesiones a una empresa que a la brava y su libre albedrío deja de cumplir sentencias en firme del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y de la más alta institución del país como el Tribunal Supremo. Paradojas de la vida, Abertis tiene la extravagancia de solicitar que se aplique la ley con el máximo rigor a los que protestan de la eternidad de los peajes y dejan de pagar algo más de un euro con una sanción de 100 euros. Por el mismo criterio, a la cuantía robada se le tendría que multiplicar por cien la sanción correspondiente para que resultara equitativo. No quisiera acabar esta información sin aportar un detalle que cuadra con lo que aquí se dice. El caso Palau de la Música donde esta institución cultural servía de tapadera para que grandes empresas, todas ellas amantes de la armonía y el cántico, aportaran cuantiosos fondos que de inmediato pasaban a una fundación controlada por Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), el partido fundado por Jordi Pujol, y todos tan contentos. Ahora, un informe de la policial Nacional solicitado por el juez Josep María Pijuan que instruye el saqueo de Palau de la Música destaca que Abertis en su filantropía aportó 150.000 euros, de ello hay constancia. No se sabe porqué razón acabaron en las cuentas de la Fundación Trías Fargas(un destacado miembro del partido de Jordi Pujol ya fallecido) que para no hacer tan evidente el transito de dinero proveniente de la filantropía cambió de nombre por el actual: Catdem.

El “no se sabe porqué razón” queda para los que van con el lirio en la mano, para los demás se trata de blanco y en botella y pone de manifiesto el grado de corrupción que tenemos que soportar los ciudadanos de este país en una aparente democracia que solo sirve para vivir engañados mientras otros arramban con todo. El próximo domingo, día 17, está programada por novullpagar la tercera protesta colectiva. No te lo pierdas.

BOE 1967 decreto 165-1967

FISCALIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA[1]

Tribunal Supremo, Sentencia de 23 Jun 2003 rec 2353-1996