El cuento de hadas del Defensor del Pueblo, un cosmético de adorno democrático


 

images[9]Las instituciones en España no funcionan. Si no funcionan las instituciones del Estado no funciona la democracia y en ésta cadena de despropósitos vivimos bajo un desgobierno propiciado por los partidos políticos dominados por sus cúpulas y éstas, rendidas a los pies de la oligarquía que es la que recoge los frutos que la plebe les proporciona como si estuviéramos todavía en plena época feudal. El Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas, el Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, y el etcétera etcétera son un cosmético que adorna un sistema democrático de cuento de hadas. Todo funciona a pedir de boca y somos felices, pero vivimos en un huevo de Pascua: decorado por fuera y vacío por dentro. Los seguidores del blog tienen constancia de esta decoración por los artículos publicados, entre ellos están los dedicados al Defensor del Pueblo; una vez que nos hemos empecinado que nos defienda del ataque inmisericorde de las compañías eléctricas que han enloquecido de avaricia. La pobreza energética va más allá de las capas sociales más desfavorecidas y ha transcendido a la inmensa “clase media”. No vale la pena repetir la cabronada que la oligarquía eléctrica nos aplica. Las compañías del monopolio ni tan siquiera son españolas, por lo que les importa un huevo el cabreo generalizado de sus atrapados consumidores. El 28 de diciembre pasado (día de los Santos Inocentes) le remitimos una carta denunciando la incostitucionalidad de que se carguen impuestos, más allá del IVA, en la factura de la luz. En enero, febrero y ésta de marzo completan la denuncia que le llega a nuestro Defensor acompañada de más de cinco mil firmas. Ni tan siquiera de la remitida con fecha diciembre hemos recibido la confirmación de que la denuncia ha sido registrada. Tampoco es de extrañar que se pasen tres meses en darse por enterados cuando una de las más de 23.000 quejas que se reciben en la oficina del Defensor del Pueblo golpea en el epicentro de sus atribuciones y compromete a quienes les nombran. Veamos primero quien compone la jefatura de esa santa casa y como son elegidos.

images[8]“El Defensor del Pueblo es elegido por el Congreso de los Diputados y el Senado, por una mayoría de tres quintos. Su mandato dura cinco años y no recibe órdenes ni instrucciones de ninguna autoridad. Desempeña sus funciones con independencia e imparcialidad, con autonomía y según su criterio. Goza de inviolabilidad e inmunidad en el ejercicio de su cargo”. Toda esta parrafada esta extraída de la página web: no hace falta ser un lince para observar que si se requieren los 3/5 de las Cámaras para nombrar al Defensor solo podrá ser nombrado con el beneplácito del bipartidismo que se alterna por convenio: hoy tu, mañana yo. En definitiva, nuestro amadísimo Defensor está ahí nombrado por los jefes y como “empleado” no los puede reprender, dicho de otra manera nuestro amadísimo Defensor está ahí para taponar, contener las quejas, reclamaciones y lamentaciones del populacho y además hace bonito que el Defensor del Pueblo interceda sobre el asilo político, la tortura, la emigración, la expulsión en caliente, la valla … pero cuando se trata de la vida de los españoles ya aparece la pereza y sobretodo cumplir con el mandato de no molestar al jefe. El pasado día 26, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, compareció en el Pleno del Congreso para presentar su informe anual de 2014 e ilustró a sus señorías que “puede haber motivos” para la “desafección” de los ciudadanos hacia los cargos públicos, si no se atienden sus quejas. “A veces notamos un distanciamiento hacia las personas que detentamos un cargo público, una desafección, es que puede haber motivos para ello. Si la queja existe, tenemos que atender la queja, es mejor que corrijamos nuestros errores y revisemos nuestros criterios”.

imagesC08T0DQTVeamos ahora el elenco que compone este sexto mandato (2012-2017) el 21 de julio de 2012 el BOE publicó el nombramiento de Soledad Becerril Bustamante como Defensora del Pueblo. La institución se convierte en un cementerio de elefantes, Soledad Becerril ha pasado toda su vida en cargos públicos, ha sido durante seis legislaturas miembro de las Cortes: cinco como diputada y en otra legislatura como senadora. La información en la web no informa de su pertenencia al Partido Popular, no sea que alguien pueda relacionar toda una vida al servicio del partido y ahora tenga que reprender al ejecutivo. Tampoco hace mención que pertenece a la aristocracia como Marquesa de Salvatierra, no vaya a ser que el populacho lo tome muy en serio.

images0Z4FUMV0El 26 de julio de 2012 se publica en el BOE el nombramiento de Francisco Miguel Fernández Marugán como Adjunto Primero al Defensor del Pueblo, ha sido diputado en ocho legislaturas. En sus buenos tiempos Marugán fue el fiel escudero de Alfonso Guerra y Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Pertenece a los íntimos del partido y fue el encargado de arreglar las cuentas del PSOE tras el escándalo de Filesa.

FerrerEn la misma fecha de publicación en el BOE se nombra a Concepció Ferrer i Casals como Adjunta Segunda del Defensor del Pueblo, que al igual de sus compañeros de fatigas no se menciona al partido que la coloca. Concepció Ferrer ha sido diputada y vicepresidenta primera del Parlament de Catalunya, y diputada del Parlamento Europeo durante 17 años. Pertenece a Unió Democrática de Catalunya (UDC) de Duran Lleida tan aficionado a tratos, trapicheos y negocios subterráneos como su coaligada  Convergencia i Unió

La pobreza energética

imagesL9L80MVELa Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, en su informe anual de 2014, se pronuncia en una bajada del IVA en la factura de la luz. La chaladura de aplicar un 21% de IVA sobre el impuesto visible de casi un 5% y del invisible, del que no se atreven a exponerlo para evitar el cabreo generalizado, llega al extremo que se factura más por impuestos que por producir energía eléctrica. Se puede decir que si no pagas los impuestos se te corta la luz, hasta ahí hemos llegado. Todavía más, la Constitución y el Tribunal Constitucional prohíbe la introducción de fiscalidad en aquellos suministros que son imprescindibles para la vida social. La electricidad es uno de ellos y sobre esta manifiesta inconstitucionalidad son las reiteradas denuncias al Defensor del Pueblo. Aunque no nos registren las denuncias presentadas, Soledad Becerril defiende una bajada del IVA para combatir la pobreza energética. En la mayoría de los países europeos impera un IVA al 5%, en España para redistribuir la pobreza se nos aplica el 21%. Además la señora Marquesa de Salvatierra aboga por una “reflexión sobre las condiciones en que se presta el suministro eléctrico”, debido no sólo a la crisis económica sino también al “constante incremento del precio de la electricidad, que es un bien esencial para una vida digna, acaecido en los últimos años”. Además, apoya una clarificación las facturas eléctricas que no parece que tenga que ser nada difícil: un cargo fijo por potencia instalada y uno variable por kilowatios consumidos, suma y un IVA al estilo europeo y estamos al cabo de la calle. Todo lo demás, impuestos camuflados, peajes y mandingas, a los Presupuestos Generales del Estado, que sirven para redistribuir la renta y no como hasta ahora que el más pobre del país paga los impuestos repercutidos en la factura de la luz como el más rico de España. ¿Esto es pedir la Luna?

¿Tanto hemos cambiado?

energeticaEl 8 de junio de 2013 apareció en Lainformacion.com una entrevista a Soledad Becerril y a ésta pregunta el entrevistador obtuvo ésta respuesta: “¿No percibe descontento ciudadano con el funcionamiento de nuestra democracia? ¿Debemos mejorar? Por supuesto, sobre todo en rapidez de respuesta a los ciudadanos y en transparencia. Pero creo que nuestras instituciones son las mejores que podemos tener en un Estado de Derecho. No percibo ningún descontento ciudadano con nuestra democracia, porque nuestras instituciones democráticas funcionan bastante bien, sobre todo si las comparamos con otros países”. Al parecer en rapidez en dar entrada de registro a nuestra denuncia todavía no ha mejorado, las instituciones continúan siendo las mejores, no se percibe descontento ciudadano y la comparación con Europa no tiene igual. ¿Tanto hemos cambiado en 21 meses? Ya que es de agradecer el fino olfato de la señora 10450141_796839313700487_4540099388379340415_n[1]Marquesa de Salvatierra que, como se ha dicho, aprovechó su comparecencia en la Cámara de Diputados para ilustrar a sus señorías que “puede haber motivos” para la “desafección” de los ciudadanos hacia los cargos públicos. No obstante, la desafección es una forma elegante de decir que el personal está ¡hasta los huevos!, que la aversión crece cada día y que los millones de parados están todos contentos de que ya hemos salido de la crisis. Tanto es así, que con la que a continuación se expone, concluimos el periplo de cartas/ denuncia al Defensor del Pueblo. Consideramos que hemos cumplido con el paripé, que como exigencia, se impone de agotar el canal patrio antes de recurrir a los Tribunales europeos. Espero, que muy pronto, tengamos preparada una demanda por la inmensa tomadura de pelo que el gobierno, la oligarquía eléctrica y la madre que los parió nos hacen con la puñetera factura de la luz.

¿Quién vigila al vigilante? El vigilado.

images[2]Defensor del Pueblo – A la atención de Doña Soledad Becerril – Paseo Eduardo Dato, 31

28010 MADRID

28 de marzo de 2015   

Señora Becerril, me congratula que como Defensora del Pueblo se manifieste por una “reflexión sobre las condiciones en que se presta el suministro eléctrico”, en un contorno de crisis económica en que difícilmente los ciudadanos pueden entender el “constante incremento del precio de la electricidad, que es un bien esencial para una vida digna, acaecido en los últimos años”. Estas palabras, son precisamente las que contiene el argumentarlo de nuestra reiterada denuncia que están extraídas de la Sentencia 185/1995 del Tribunal Constitucional sobre Tasas y Precios Públicos, precisa: “deberán considerarse coactivamente impuestas (a la  fuerza) no sólo aquellas prestaciones en las que la realización del supuesto de hecho o la constitución de la obligación es obligatoria, sino también aquellas en las que el bien, la actividad o el servicio requerido es objetivamente o social de los particulares indispensable para poder satisfacer las necesidades básicas de la vida  personal … o, dicho, con otras palabras, cuando la renuncia a estos bienes, servicios a actividades  priva al particular de aspectos esenciales de su vida privada o social Se refiere el TC a los artículos 31.1, 31.2 y 31.3 de la Constitución Española. Podemos pensar que una sentencia del Tribunal Constitucional no tiene suficiente peso para que ustedes se muevan como Alto Comisionado de las Cortes Generales, en defensa de los españoles. Además de la sentencia referida del TC en nuestra anterior denuncia les aportamos una sentencia del Tribunal Supremo, Sala Contencioso Administrativo en Pleno de fecha 18/11/2013 que se reafirma a la pronunciada por la Audiencia Nacional Sala Contencioso Administrativo sección 4ª. El TS dejó muy claro que tenían que ser las compañías eléctricas las que financiaran a su cargo los intereses que producía el Déficit de tarifa. Supuestamente, las eléctricas, por orden del gobierno, no repercutieron en la factura de la luz los costes que le correspondían y decidieron aplicarlos en años venideros. Todo ello se hizo para dejar guapo al gobierno de turno por su buena gestión económica. El Tribunal Supremo considera que las compañías eléctricas han tenido, durante años, suficientes privilegios, y para paliar el monopolio les toca financiar los intereses. Las compañías eléctricas amedrentan al gobierno con bloquearle la puerta giratoria y las prebendas al partido y colegas situados. Con este poderoso argumento buscan una estrategia que soslaye esta piedra en el camino.

Nuestra denuncia, acompañada por más de cinco mil firmas, se ratifica que hemos procedido de buena fe y como prueba de ello traemos a colación su propio reglamento, la Ley Orgánica 3/1981 del 6 de abril.

Artículo 10: 1. Podrá dirigirse al Defensor del Pueblo toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, sin restricción alguna. No podrán constituir impedimento para ello la nacionalidad, residencia, sexo, minoría de edad, la incapacidad legal del sujeto, el internamiento en un centro penitenciario o de reclusión o, en general, cualquier relación especial de sujeción o dependencia de una Administración o Poder público. Nos hemos dirigido a su institución invocando un interés legítimo y denunciando un grave incumplimiento constitucional de su plena competencia.

Artículo 15: 1. Toda queja se presentará firmada por el interesado, con indicación de su nombre, apellidos y domicilio, en escrito razonado, en papel común y en el plazo máximo de un año, contado a partir del momento en que tuviera conocimiento de los hechos objeto de la misma. La queja esta presentada por el interesado en las condiciones previstas y acompañado de más de cinco mil firmas.

Artículo 17: 1. El Defensor del Pueblo registrará y acusará recibo de las quejas que se formulen, que tramitará o rechazará. En este último caso lo hará en escrito motivado, pudiendo informar al interesado sobre las vías más oportunas para ejercitar su acción, caso de que a su entender hubiese alguna, y sin perjuicio de que el interesado pueda utilizar las que considere más pertinentes. Su institución ni registra la queja, ni la tramita ni la rechaza. Va más allá de la vieja administración franquista del “vuelva usted mañana” en el que al menos existía un mañana ya que al enviar nuestro escrito al limbo lo sitúa camino de la eternidad.

Artículo 18: 1. Admitida la queja, el Defensor del Pueblo promoverá la oportuna investigación sumaria e informal para el esclarecimiento de los supuestos de la misma. En todo caso dará cuenta del contenido sustancial de la solicitud al Organismo o a la Dependencia administrativa procedente con el fin de que por su jefe, en el plazo máximo de quince días, se remita informe escrito. Tal plazo será ampliable cuando concurran circunstancias que lo aconsejen a juicio del Defensor del Pueblo.¿Se ha investigado algo, se han leído la Constitución, han movido un dedo? ¿Es incompetencia? ¿Vagancia crónica? Algún intríngulis debe de haber para no hacer su trabajo.

Artículo 31: 1. El Defensor del Pueblo informará al interesado del resultado de sus investigaciones y gestión, así como de la respuesta que hubiese dado la Administración o funcionario implicado, salvo en el caso de que éstas, por su naturaleza, fuesen consideradas como de carácter reservado o declaradas secretas. También puede darse el caso que nuestra denuncia de inconstitucionalidad pueda entrar en el capítulo de asuntos paranormales y merezcan el carácter secreto.

Artículo 29: El Defensor del Pueblo está legitimado para interponer los recursos de inconstitucionalidad y de amparo, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Entonces, por lo que se ve, está legitimado para tratar asuntos que afecten a la Constitución. ¿Su institución no se ha percatado de los artículos 31.1, 31.2 y 31.3 de la Constitución Española?

Artículo 9: 1. El Defensor del Pueblo podrá iniciar y proseguir, de oficio o a petición de parte, cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos y resoluciones de la Administración pública y sus agentes, en relación con los ciudadanos, a la luz de lo dispuesto en el artículo 103 .1 de la Constitución y el respeto debido a los derechos proclamados en su Título I. (2. Las atribuciones del Defensor del Pueblo se extienden a la actividad de los ministros, autoridades administrativas, funcionarios y cualquier persona que actúe al servicio de las Administraciones públicas. Atribuciones, lo que podríamos decir facultades, las tiene todas para hacer bien su trabajo, otra cosa es estar a la voz de su amo y aparentar lo citado en el siguiente artículo.

Artículo 6: 1. El Defensor del Pueblo no estará sujeto a mandato imperativo alguno. No recibirá instrucciones de ninguna Autoridad. Desempeñará sus funciones con autonomía y según su criterio. Lo dejo sin comentarios.

Atentamente. Firmado Josep Manuel Novoa Novoa DNI 37.253.690 – S y 148 personas que se adhieren a esta exigencia de intervención que totaliza 5205 indefensos.

Próximo post:

untitled*La Segunda Oportunidad del PP es un callejón sin salida, conoce como evitar el desahucio y salvar tu casa (3)

Este post contendrá el proselitismo que desde este blog se viene repitiendo: los desahucios se pueden parar. La ley de Segunda Oportunidad es una mierda, un engaña bobos y todo lo negativo que se pueda decir de ésta farsa es poco. Sin embargo existe la Primera Oportunidad que está en tu mano: detener el desahucio y salvar tu casa. No dejes de perder esta oportunidad, la Asociación Hipotecados Activos se ha puesto en marcha después de una corta fase tanteando las posibilidades que puede ofrecer, estructurar una operativa eficaz y comprobar que está en condiciones de ofrecer lo que se predica, empieza a caminar. En la pestaña de la barra del blog de la Asociación con la etiqueta de Inscripción se sitúa la (clica para acceder) INFORMACIÓN PREVIA A LA SOLICITUD Y ADMISION DE NUEVOS SOCIOS que contiene los datos e información que se pueden ofrecer a los Asociados. Paralizar los desahucios es el objetivo. Junto a este documento se adjunta la  (clica para acceder) TARIFA DE SERVICIOS que la Asociación puede ofrecer. También se ubica un (clica para acceder)  FORMULARIO con la finalidad, una vez decidido/a adherirse a la Asociación, de proporcionar los datos necesarios para paralizar el desahucio.

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El bodrio de la Segunda Oportunidad del PP es maquillaje electoral y favorece a los bancos (2)


images82449JBKNo podemos continuar tal como vamos. Las mentiras del gobierno son de tal magnitud que los hace cómplices de los bancos al adjudicarles el sagrado derecho de extender una deuda de por vida. La oligarquía bancaria tiene toda, lo que se dice toda, la legislación a su favor a base de sobornar a nuestros representantes políticos. En el post anterior se puso en evidencia como nuestros vecinos de Unión Europea (UE) tienen legislada una salida para aquellos que de buena fe han caído en el sobreendeudamiento. Spain is different, un tópico que se hace realidad, sólo Grecia, y Bulgaria junto con España no disponen de una ley de Segunda Oportunidad. Ahora, cuando los del bipartidismo que se han pasado el porrón de mano en mano a las ordenes de sus amos y ven peligrar la poltrona se acuerdan que somos el culo de Europa y el gobierno se dispone a maquillar la situación anunciando una ley de Segunda Oportunidad que como propaganda electoral puede engañar a los tontos del país (si lo hacen es porque hay muchos analfabetos que no se enteran que los están embaucando). ¿Existe una segunda oportunidad para aquellos que la policía, armadas como antidisturbios, los sacan a empujones de sus casas con el beneplácito del gobierno? El sistema, la justicia y la madre que los parió lo permiten. ¿Hay alguien que se pregunte si el maldito banco es dueño del préstamo hipotecario que reclama? ¿Hay alguien? Este último alguien va dirigido a la población en general, ya que no me explico que una información de ésta índole publicada en este humilde blog con miles de visitas diarias,la respuesta sea a cuentagotas. ¿Hay alguien? ¿Dónde están los hipotecados que han recibido “el tocho” del juzgado? ¿Dónde están los hipotecados que les han comunicado la fecha del desahucio? En el último trimestre del año pasado 21.178 familias perdieron su casa por no poder hacer frente a su hipoteca. Son muchos más que el trimestre anterior y más que en el mismo periodo del año pasado. Las cifras no mienten, las facilita el Consejo General del Poder Judicial. Los desahucios van a más.

En un país normal, con medios de comunicación normales, con un sistema político normal, y porqué no decirlo con gente normal y no derrotada y rendida a su mala suerte, se hubiera reaccionado, creo yo, con mayor interés en conocer que demonios se está diciendo en este blog: que los bancos no son dueños de la hipoteca que reclaman en los juzgados. Un detalle, quizás sublimado por mi parte, que sitúa una reflexión personal de agotamiento. El esfuerzo continuo que ha significado el poder acreditar documentalmente que los bancos carecen de legitimidad tal como se están llevando a cabo en las ejecuciones hipotecarias, hay que añadir un doble esfuerzo en transmitir que en los juzgados españoles los jueces, acogidos al procedimiento, son vilmente engañados por los bancos demandantes. Todo ese esfuerzo, por mi parte, tiene la fecha de caducidad de un yogur ya que mi estado de salud va como va por lo que he trasladado los paliativos y la solución del drama de los desahucios a la constituida Asociación de Hipotecados Activos, https://asociacionhipotecadosactivos.wordpress.com/ y además como ruego, solicito a las buenas gentes que colaboren con esta iniciativa: asociacionhipotecadosactivos@gmail.com El drama de los desahucios se agrava a pesar de que el gobierno pretenda maquillar la situación a través del Real Decreto-Ley de segunda oportunidad, una normativa que nace con la vocación de perdonar deudas. No se trata de una ley de Segunda Oportunidad como las descritas en el anterior post La Segunda Oportunidad legislada en Europa es en favor de los ciudadanos (1) Sigue leyendo → en la que nuestros vecinos europeos tienen la oportunidad de emprender una nueva vida al otorgarles una condonación de sus deudas, evidentemente bajo unas condiciones. Todas aquellas familias que no pueden hacer frente a sus pagos por un sobreendeudamiento de buena fe, como por ejemplo la perdida de su trabajo, tienen una salida. La ley española es un maquillaje destinado a superar el pésimo momento por el que pasa el partido en el poder. Pasen y vean.

Una Segunda Oportunidad de juguete: el maquillaje de la señorita Pepis

PepisSe pretende que todo cambie para que no cambie nada, por ejemplo se permitirá que las personas físicas se puedan acoger a la Ley Concursal, la que se aplican a las empresas que no pueden pagar sus deudas o llegan al extremo de estar en quiebra. Hasta ahora, un particular no podía quebrar ni cuando se quedara sin un euro, tenía toda su vida por delante para satisfacer y liquidar la deuda con sus correspondientes intereses. Entre los cambios legislativos se permitía que un particular se pudiera acoger a la Ley Concursal pero bajo unas condiciones imposibles de cumplir, empezando por el coste económico para poder acceder. Si no se podía pagar la cuota de la hipoteca como iba a pagar los costes de acudir a la justicia con abogado, procurador y costes judiciales. ¡De locos! Con la nueva ley se vuelve a lo mismo: las restricciones para acogerse a ella. Empecemos por esos detalles: no pueden acogerse aquellos que hubieran rechazado un empleo acorde con su capacidad en los últimos cuatro años. Se exige también que el deudor lo sea de buena fe, eso quiere decir que ha sido “un buen chico/a” y que el dinero que le han prestado y se le reclama no lo hubiera derrochado en vino y mujeres, por decir algo, y se hubiera portado como un buen ciudadano. En definitiva, que no pudo evitar esta situación de insolvencia en la que se encuentra. Seguimos para bingo, si el deudor quiere acogerse a la dación en pago debe pasar por el  intento de llegar a un acuerdo extrajudicial con el banco, es decir, que es el acreedor que por su voluntad, sin una ley que le condicione, acepte una quita. Se supone lo restrictivo que puede ser el banco cuando no tiene obligación alguna de perdonar la deuda. Otro acreedor que no perdona su deuda es nuestro amadísimo Estado, el deudor tiene que comparecer ante un juez y comprometerse a un plan de pagos a cinco años para amortizar ese tipo de deudas. Queda claro que hay que ser duro con los débiles y blando, y hasta fofo, con los fuertes para poder pagarles sus negocios fallidos.

imagesK9JMEBIJEn definitiva, la apariencia de este Real Decreto permite que las familias que ya hayan perdido su casa, puedan liberarse de la mayor parte de las deudas tras la liquidación de todos sus bienes. Pero volvemos a donde estábamos: la liquidación de las deudas hipotecarias, cuando se aplica el vencimiento anticipado, es decir, se considera como deuda las cuotas no vencidas, se tiene que negociar en una suplica de clemencia la posibilidad de plantear al banco la dación en pago. ¿Qué pasa si el banco no acepta la dación en pago? Pues eso, que estamos donde estábamos, a la voluntad del banco. En el magnifico Real Decreto se actualiza el código de buenas prácticas bancarias. Los bancos pueden decidir si se adhieren o no a este código de buenas prácticas que les permite optar por la dación en pago o por una reestructuración de la deuda en el caso de que sea posible. Uno de los requisitos es que los ingresos familiares no sean mayores de tres veces el Iprem. No acaba aquí la cosa, el valor de la vivienda no puede superar los 300.000 euros casa. De lo que se trata es poner impedimentos para que sólo los pueda cumplir una pequeña parte de los endeudados y no obstante proclamar a los cuatro vientos que España dispone de una legislación acorde con Europa en materia de ofrecer una Segunda Oportunidad. Sin ir más lejos, en Francia la dación en pago es una regla general. ¿Se han hundido los bancos franceses por aceptar la entrega de la vivienda para cancelar la deuda pendiente? En Españolandía después de entregar la vivienda en dación en pago, quedarte en la calle sin un euro, el Estado te exige los impuestos correspondientes como si hubieras formalizado una venta y si no le pagas te embarga tu sueldo. ¡Viva España!

¿Cuáles han sido las iniciativas tomadas en España?

nuestras deudasEn nuestro país ha habido cuatro propuestas de ley, todas ellas rechazadas. La primera data de 2003 y fue presentada por el PSOE: Proposición relativa a la prevención y el tratamiento del sobreendeudamiento de los consumidores (2). La segunda data de 2004 y fue presentada por Convergència i Unió:  Proposición de Ley sobre prevención y tratamiento del sobreendeudamiento de los consumidores (3). La tercera en el 2012 y fue presentada por el PSOE: Proposición de ley de medidas contra el desahucio, el sobreendeudamiento y la insolvencia (4). Y la última en 2014 a iniciativa de Izquierda Plural: Proposición de Ley para la regulación de un procedimiento concursal especial para personas consumidoras y usuarias (5).

images3TQ5V6I7Todas estas propuestas de ley han sido rechazadas por los gobiernos del Partido Popular. La actitud del PP siempre ha sido aportar modificaciones a la Ley Concursal tratando de encajar a los particulares insolventes dentro del marco concursal. Sin embargo, tal y como el Defensor del Pueblo argumenta en su informe Estudio sobre Crisis económica e insolvencia personal, Actualización a octubre de 2013 (6), ninguna de estas modificaciones aporta soluciones de calado a la situación de los particulares sobreendeudados por lo que insta, una vez más, a que de una vez por todas, se contemple jurídicamente como caso singular el caso de los particulares. La argumentación del Defensor del Pueblo frente a las sucesivas modificaciones de la Ley Concursal, siendo la última la ley 14/2013 del 27 de septiembre de 2013, la llamada “Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (7)” en su artículo 21, se podría resumir de la siguiente manera. Teniendo en cuenta que para que el particular sobreendeudado pueda beneficiarse de la modificación de la Ley Concursal debe: – pagar todos los créditos contra la masa y los créditos privilegiados – pagar el 25% de los créditos concursales ordinarios – pagar los gastos de procedimiento, es obvio que sólo cumplir con el primer requisito es ya prácticamente imposible. Con lo cual, una vez más, el sobreendeudado particular se encuentra prisionero de la deuda. El Congreso debe legislar ex novo.

imagesC8UUOTYKCuriosamente, incluso una institución tan poco sospechosa de defender a los particulares sobreendeudados  frente a las instituciones bancarias, el Fondo Monetario Internacional (FMI), en su último informe monográfico sobre España de julio 2014 (8) vuelve a recomendar a España que modifique La Ley Concursal para personas físicas (empresarios y consumidores) y establezca un sistema de “fresh start” o “discharge” (segunda oportunidad). En cuanto a la Ley promulgada con el nombre de “Ley de Emprendedores y su internacionalización” (Ley 14/2013 del 27 de septiembre de 2013), el FMI afirma que la puerta que abre a los particulares para que se liberen de su pasivo, una vez liquidado su patrimonios es muy limitada, ya que requiere abonar el pago íntegro de deudas garantizadas, crédito público, crédito privilegiado y el 25% del crédito ordinario. El FMI afirma que ello beneficiaría a muy pocos deudores. Asimismo, propugna que el deudor, persona física insolvente, pueda verse liberado del pasivo pendiente una vez liquidado su patrimonio tras el transcurso de un periodo de tiempo no superior a tres años.

Conclusión: los bancos son los que realmente gobiernan España

imperativoLa promulgación de una ley de la segunda oportunidad para los particulares sobreendeudados, no solamente por causa hipotecaria sino por causa de cualquier otro préstamo o deuda, pasa necesariamente por una mayoría en el Congreso en el momento de su votación. Instamos a los partidos políticos a que incluyan en sus programas la promulgación de dicha ley. Una vez más, constatamos que en nuestro país, el ciudadano se encuentra en una situación de indefensión frente a las instituciones bancarias. No hay que olvidar que el acreedor que presiona es la institución bancaria. ¿Cómo es posible que con el dinero público, el de nuestros impuestos, se salve a instituciones bancarias y éstas, a su vez, nieguen a la misma ciudadanía su derecho a poder reestructurar su deuda de una forma digna? ¿Cómo es posible que en el ordenamiento norteamericano, francés, alemán, austriaco, danés, finlandés, belga, portugués, irlandés, británico, alemán, italiano, holandés… exista desde hace años, en algunos casos, más de 20 años, un sistema de protección del sobreendeudado de buena fe y en el nuestro no? ¿Cabría pensar que las instituciones bancarias son las que realmente gobiernan en nuestro país? ¿Qué credibilidad tiene el Gobierno de un país en cuya Constitución, en el Artículo 9.2 del Título Preliminar consta que:

“Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”

Y no lo haga cumplir. La Ley de la Segunda Oportunidad para los particulares sobreendeudados no sólo es un derecho fundamentado en la justicia social sino que es la única manera de que un segmento muy importante de la población no quede excluido de la sociedad (9) con dos efectos perversos para la misma: la destrucción de una parte substancial del tejido productivo y el fomento de desigualdades sociales que pueden abocar en enfrentamientos indeseados.

Material de consulta:

(2)  http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=puw7&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28CDB20030919033602.CODI.%29

(3) Proposición de ley en el Senado 622/000012 del 12 de noviembre de 2004

(4)  http://codigo-civil.info/2012/11/proposicion-de-ley-de-medidas-contra-el-desahucio-el-sobreendeudamiento-y-la-insolvencia-psoe/

(5) http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/BOCG-10-B-180-1.PDF

(6) http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/monografico/Documentacion/Crisis_e conomica_e_insolvencia_personal.pdf

(7) http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_014_2013.pdf (artículo 21)

(8) (IMF Country Report No.14/193 – págs.  41-43) http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/cr14193.pdf

(9) Según los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) en su informe ECV (Encuesta de Condiciones de Vida), en 2013 la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE) se sitúa en el 27,3% de la población residente en España, frente al 27,2% registrado el año anterior, siguiendo la tendencia ascendente de los últimos años.

 

 

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La Segunda Oportunidad legislada en Europa es en favor de los ciudadanos (1)


Los españoles estamos apañados barrunta tormenta. Como casi siempre y en casi en todo estamos a la cola de los países de la Unión Europea, (UE) que van bien. La mágica solución para equipararnos son menos salarios y más precariedad en todo: que suban los impuestos y que bajen las prestaciones sociales. La decisión política que nos llega de la UE es aceptada sin rechistar por los del bipartidismo, que les importa un huevo la población, lo que les preocupa es responder con presteza a la voz de su amo: la oligarquía. La banca desde siempre ha comido aparte en el franquismo y continuó así en el simulacro de transición democrática, hasta ostentar el mando del país. Poco han importado que los gobiernos sean de derecha, izquierda o centro. Ver: El clan de la Dehesilla …→ Sigue leyendo . Nos hemos distanciado tanto de nuestros vecinos que se hace necesario ver lo que ocurre cuando la insolvencia de los particulares se pone de manifiesto. Atención al dato: solo España, Grecia y Bulgaria no regulan la insolvencia de los ciudadanos en sus legislaciones y ha tenido que ser el demonio del Fondo Monetario Internacional (FMI) quien recomendó, hace un año, al gobierno images[2]español para “reestructurar la deuda de consumidores insolventes”. Hasta entonces, a pesar de la escabechina de desahucios y embargos que asolan a la población, no se oía hablar de una “segunda oportunidad”, dirigida a aliviar la deuda de familias. Ha tenido que ser en el acto propagandístico del Debate sobre el Estado de la Nación donde el presidente (por poco tiempo) Mariano Rajoy nos anuncia como una buenanueva lo que ya se lleva años de retraso de una ley de segunda oportunidad para las familias sobreendeudadas. Sin embargo, a cualquier cosa lo llaman ley, cuando se trata de un simple maquillaje electoral regulado por la banca que tiene cogido a nuestros representantes políticos por la entrepierna, ya que sino, no se explica que el ordenamiento jurídico español es prácticamente el único en Europa que no dispone de un procedimiento singular para tratar la insolvencia de los consumidores y personas físicas.

images5Z20GM72La población española puede decir el clásico: a buenas horas mangas verdes, ya que tiempo ha habido de legislar al respecto ¿Por qué no se ha hecho? Porque responden a la voz de su amo: la oligarquía que controla el país. Era más que evidente, desde que reventó en 2007 la burbuja de deuda, que las familias están sobreendeudadas. El número de hipotecas en España es muy superior a la media de la UE. En el año 2011, España reconoció 999 casos de insolvencia de personas físicas frente a 145.000 Reino Unido y 130.000 Alemania. Este dato pone de manifiesto la mierda de regulación que soportábamos. Ahora podremos decir, tras el anuncio de Rajoy de su Ley de Segunda Oportunidad, que es mierda y media. Para llegar al fondo de la cuestión se hace necesario profundizar en una serie que consta de cuatro post que nos llevará por el trayecto que han hecho otros países de nuestro entorno y apreciar, por comparación, en la ciénaga en la que la población española se encuentra. El interés es informativo para aquellos interesados en conocer a fondo el padecimiento que la oligarquía financiera ha sometido al pueblo español. En busca de este imprescindible conocimiento se hace necesario complementar la serie. Un compendio como el que se muestra aquí no existe, se ha tenido que rebuscar entre la información dispersa, por lo que tienes la oportunidad de ponerte al día de la masacre consentida por nuestros representantes políticos que ni en una situación de alarma con más de 600.000 desahucios ha tomado ningún paliativo y todo el peso de los errores cometidos por unos desaprensivos al frente de la banca se van de rositas. Lo que más llama la atención de la exposición que tienes por delante, es la indefensión en la que se encuentra el españolito como deudor de buena fe al compararlo con el ciudadano europeo que es asistido por unas leyes que le protegen. Pasen y vean.

¿Qué es la ley de la segunda oportunidad?

imagesKFHUOABSLa “ley de la segunda oportunidad” consiste en la regulación de un procedimiento de insolvencia personal, en el que los deudores de buena fe puedan hacer frente a sus obligaciones económicas de forma ordenada y realista, y obtener alguna quita en sus deudas. El ordenamiento jurídico español, al contrario de lo que ocurre en casi todos los ordenamientos jurídicos de los países miembros de la Unión Europea, así como en los Estados Unidos, no contempla un procedimiento que regule la insolvencia de los particulares, tal y como lo regula para las personas jurídicas y las sociedades mercantiles.

images[3]En España una persona física, por decirlo de una manera gráfica, tiene absolutamente prohibido quebrar, no puede disolverse por causa de una crisis económica, como en el caso de una sociedad mercantil. El artículo 1911 del Código Civil cae sobre el ciudadano como una losa implacable: “Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros”. Y sin embargo en España, el sobreendeudamiento de las familias es un hecho que está llevando a cientos de miles de familias a una situación de no retorno, condenándolas a vivir endeudadas de por vida. Y lo que es peor, al excluir a todo este segmento de la población, se está colaborando activamente en la no reconstrucción de la tan maltrecha economía del país.

images[8]En efecto, las consecuencias del sobreendeudamiento e insolvencia de los particulares no sólo conciernen a los propios sobreendeudados, cuyo riesgo de exclusión social se multiplica exponencialmente, sino que conciernen a la sociedad en general y al desarrollo económico y social de la misma. Una familia o un particular sobreendeudado deja de ser un agente activo en la sociedad para pasar a ser un excluido y, por ende, en el mejor de los casos para él, un asistido. Estar sobreendeudado hoy en día, es tener que encomendarse a la solidaridad y generosidad del círculo de los más allegados y a la acción de asociaciones y servicios sociales que, a su vez, han visto mermada su capacidad de actuación a niveles jamás conocidos en la historia democrática de nuestro país, o entrar a hacer parte de la economía sumergida, teniendo que aceptar, en muchos casos, trabajos precarios y mal remunerados. El sobreendeudamiento de los particulares se asocia, en el imaginario de la sociedad, a la irresponsabilidad financiera, a la mala gestión del presupuesto familiar, pero existen muchas otras razones ajenas a la voluntad de los ciudadanos, como la pérdida de empleo, la enfermedad, la viudez, la inexistencia de un entorno familiar que proteja al endeudado, la bajada del salario, la necesidad de atender a un familiar imposibilitado, etc. Esto nos debe llevar a reflexionar sobre la figura del sobreendeudado “de buena fe”. No se trata aquí del moroso profesional, sino de aquella persona a quien los imprevistos de la vida, de los cuales ninguno estamos exentos, le han llevado a una situación límite.

imagesE5GZWCVULos ordenamientos jurídicos de muchos países de la Unión Europea regulan, mediante diferentes procedimientos, el sobreendeudamiento e insolvencia de los ciudadanos particulares. A continuación exponemos algunos de estos procedimientos por su interés a la hora de comprender la importancia y necesidad extrema de que una ley similar a la de los países de la UE sea votada en nuestro Congreso de los Diputados.

fr[1]Francia

Comisión de sobreendeudamiento de particulares (Commission de surendettement des particuliers)

 Conceptos

  • Sobreendeudamiento: imposibilidad manifiesta del deudor de buena fe (persona física) de afrontar las deudas no profesionales. Excluye a autónomos y personas jurídicas (atendidos por procedimientos concursales diferenciados y similares a los de España).
  • Buena fe. Existe cierta controversia conceptual entre: a) idea subjetiva de presunto estado de ignorancia del deudor frente al acreedor Vs. b) lealtad de comportamiento del deudor (más acorde a nuestro Derecho)

Procedimiento

Conciliación (règlement amiable). El deudor solicita al Banco de Francia la intervención de una Comisión creada ad hoc para el examen del sobreendeudamiento (Commission de surendettement des particuliers) formada por representantes del Estado, del Banco de Francia, de la Hacienda Pública, de asociaciones bancarias y de consumidores y usuarios. Tras el estudio de la petición del deudor y la elaboración de un balance por la Comisión se propone un plan de viabilidad, que caso de ser aceptado por los acreedores pondrá fin al procedimiento. El secretario de esta comisión es siempre un funcionario del Banco de Francia, y es esa institución la que soporta toda la tarea de control de regularidad formal de las solicitudes de procedimiento. Los funcionarios del Banco de Francia que asumen la secretaría están en estrecho contacto con las administraciones, organismos y asociaciones competentes en materia de ayuda social; también requieren, la ayuda de trabajadores sociales para el tratamiento de aquellas solicitudes de procedimiento que presenten un acusado carácter social. La petición y mera admisión a trámite no paraliza por sí los procedimientos de ejecución que estuvieran abiertos pero, tanto la Commission como el mismo deudor, en caso de urgencia, pueden solicitar del juez que adopte medidas de suspensión.

Intervención Judicial (redressement judiciare civil). Si no funciona el trámite conciliador, el juzgado (Tribunal d´Instance), previa instrucción del correspondiente procedimiento y dotado de amplias facultades, articula las medidas de saneamiento de la situación del deudor. Estas medidas, dependiendo de cada caso concreto, pueden afectar a las condiciones de los créditos, aplicándose moratorias en los pagos u otras medidas que posibiliten al deudor hacer frente a su quiebra sin poner en peligro los mínimos vitales de subsistencia. Más información: http://www.commissionsurendettement.fr

be[1]Bélgica

La figura del mediador de deudas. Regulación amistosa y regulación judicial

Conceptos y procedimientos Se cuenta con la figura y servicios del Mediador de Deudas nombrado por el juez para el caso concreto (si no hay acuerdo sobre el mediador, pueden ejercer las funciones el secretario judicial o incluso un notario si así lo determina el juez). Pueden ejercer esta mediación de deudas los abogados, los procuradores de los tribunales, los notarios y las autoridades públicas o privadas concertadas. Los criterios para la determinación de los servicios de mediación se establecen por las regiones mediante Decreto. Así, por ejemplo, en la Región Wallona sólo se autoriza a cumplir funciones de mediación de deudas a las instituciones que contraten, al menos, a un jurista y a un trabajador social con experiencia profesional en el sector al menos de tres años o, en todo caso, que haya seguido una formación específica. Estos servicios median entre los acreedores y el deudor con dificultades de solvencia, proponiendo un plan y controlando el comportamiento presupuestario del deudor, y también intervienen en el procedimiento de arreglo colectivo de deudas. Como en el caso francés se establecen dos posibilidades:

Regulación amistosa: a iniciativa del deudor o por orden del órgano judicial para una búsqueda de solución pactada.

Regulación judicial: se otorga al juez la facultad de establecer un proyecto de viabilidad económica limitado a un plazo máximo de cinco años y cuyo acatamiento resulta imperativo tanto para el deudor como para sus acreedores.

Es facultativo del juez establecer medidas como: – El escalonamiento del pago de deudas en principal, intereses y gastos. – La reducción de los tipos de interés convencionales pactados a tipos de interés legales. – La suspensión, mientras dure el plan de regulación judicial (máximo de 5 años), del efecto de garantías reales, sin que esta medida pueda poner en peligro los alimentos, lo mismo que la suspensión de los efectos de cesiones de crédito. – La remisión de deudas total o parcial de los intereses moratorios, indemnizaciones y gastos. Las medidas judiciales se subordinan al cumplimiento por el deudor de actos propios dirigidos a facilitar o garantizar el pago de la deuda, así como a la abstención del deudor de actos que agraven su insolvencia. Una vez finalizada la ejecución del Plan de Regulación (ya fuera amistoso o judicial), los acreedores tienen un plazo de 5 años para solicitar al juez la revocación de las actuaciones si se acreditara que el deudor hubiera actuado en fraude de sus derechos (p.ej. ocultación), pudiendo actuar sobre sus bienes. Más información: http://www.observatoire-credit.be

de[1]Alemania

Procedimiento de insolvencia del deudor (verbraucherinsolvenzverfahren) y Liberación de la deuda resultante (restschuldbefreiung). El modelo alemán, junto al modelo francés, constituye la otra gran alternativa europea de tratamiento de la cuestión.

Conceptos

  • La norma alemana (Insolvenzordnung) procura la tutela de las economías domésticas, obviando la causa generadora de la situación de sobreendeudamiento.
  • Sobreendeudamiento Se extiende a toda aquélla persona física que no puede afrontar sus deudas y que, o bien no ejercite actividad económica liberal, o que incluso desarrollándola no pueda considerarse significativa por no estar dotada de organización empresarial (ej. autónomos o profesionales liberales independientes)

Procedimiento. Estos procedimientos se componen de tres fases. En la primera se invita al deudor a que voluntariamente acuda a uno de los centros de asesoramiento para los deudores que existen en Alemania. Sólo una vez que no se ha llegado a un acuerdo a través de este mecanismo, lo que debe ser debidamente justificado por el centro mediador oficial, se pasa al procedimiento tutelado por los tribunales. El objetivo de estos centros es llegar a hacer un balance de la situación financiera del deudor con el propósito de elaborar un plan para el futuro y liberar a los juzgados de esta tarea. Si falla este paso, se debe acudir a lo que determine un tribunal. Este tribunal, basándose en la labor realizada previamente por el centro asesor, intenta mediar en la búsqueda de un acuerdo consensuado con los acreedores mediante el establecimiento de un plan. En caso de lograrse, el plan, que adquiere fuerza de ejecución forzosa, se impone al deudor, dándose por concluido el procedimiento en esta fase. No obstante, si los acreedores rechazan el plan propuesto, se da inicio al procedimiento de insolvencia del consumidor.

Procedimiento de insolvencia del deudor (Verbraucherinsolvenzverfahren)Procedimiento abreviado cuyo impulso inicial puede corresponder tanto al acreedor como al propio deudor, siempre que éste haya procurado un arreglo extrajudicial en los seis meses precedentes a su solicitud. Presentado por el deudor un plan de liquidación de deudas, oídos los acreedores e instruido el tribunal, puede alcanzarse un acuerdo entre las partes que ponga fin al litigio. De lo contrario se procederá a la incoación definitiva del procedimiento de insolvencia.

Abierto el procedimiento de insolvencia, podrá solicitarse por el deudor la liberación del resto de la deuda (Restschuldbefreiung). Tras la observancia de un período buena conducta bajo la tutela de un fiduciario, que alcanza los tres años (inicialmente eran 7, luego el plazo fue reducido a 5), cabe la posibilidad de la liberación de la deuda resultante mediante auto judicial motivado. Más información: http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_inso/index.html

at[1]Austria

Concurso privado (Privatkonkurs) e intervención judicial

Conceptos Se trata de una variante del modelo alemán, optándose inicialmente por un sistema de concurso privado (Privatkonkurs), si bien en este caso es solo aplicable a personas físicas ajenas a la actividad mercantil. El sistema austriaco, de carácter judicial, se configura como un procedimiento subsidiario del arreglo conciliador entre las partes. Se exige la voluntad acreditada del deudor de haber procurado un acuerdo con sus acreedores. Una vez constatada la imposibilidad de solución extrajudicial, el concurso privado despliega tres posibles actuaciones configuradas como remedios progresivos para la satisfacción de la deuda.

Procedimientos. a) Suspensión forzosa de pagos (Zwangsausgleich). Incoado a instancia del deudor, requiere el beneplácito de la mayoría de los acreedores que representen al menos la mitad del pasivo y la conformidad del tribunal. La suspensión de pagos lleva implícita el compromiso del consumidor de abonar en un período no superior a cinco años el 30% de sus deudas. b) Plan de pago con ejecución patrimonial (Vermögens-verwertung und Zahlungsplang). Evaluada la situación patrimonial del deudor y constatado en su balance el pasivo inasumible de modo inmediato, se procede a la ejecución patrimonial del deudor, con la salvaguarda de unos límites, aceptándose por los acreedores mayoritarios un plan de pago proyectado sobre los futuros ingresos del consumidor. Este plan requiere la conformidad judicial. c) procedimiento de liquidación (Abschöpfungsverfahren). Frustrados los anteriores procedimientos, al deudor le cabe la postrera posibilidad de solicitar judicialmente la incoación del procedimiento de liquidación, una vez conste ya ejecutado su patrimonio. Iniciado el procedimiento, el consumidor queda obligado durante un período de siete años a procurarse una actividad económica que le permita, obviando un mínimo de subsistencia, entregar a un fiduciario judicial sus ingresos. Si el deudor es capaz de sanear la mitad de su pasivo en el plazo de tres años o el 10% en el plazo de siete podrá obtener la liberación del resto de la deuda. Más información: http://www.privatkonkurs.at

dk[1]Dinamarca

Saneamiento de deudas (Gaeldssanering)

El Derecho concursal danés, permite también a las personas sobreendeudadas (personas físicas sin actividad empresarial) acudir al denominado procedimiento de saneamiento de deudas (Gaeldssanering).

Puede solicitar la apertura de este procedimiento aquel deudor persona física, no empresario, que se halle en una situación desesperada, atendiendo al volumen de sus deudas y a sus perspectivas de futuro (determinadas por la edad y por la situación familiar y profesional del deudor) en lo que se refiere a la esperanza de poder cumplir sus obligaciones en los próximos años. Interpuesta la solicitud, el tribunal debe pronunciarse sobre su admisibilidad. El plan presentado por el deudor, sólo será aceptado por el tribunal cuando se considere razonable, teniendo en cuenta las circunstancias personales del deudor y de la deuda, tales como: – la motivación del deudor (no se admitirá, por ejemplo, la solicitud del deudor si es manifiesto que continuará endeudándose o no tiene el propósito de buscar trabajo) – la antigüedad de la deuda. – el origen de la deuda y las circunstancias en la que ha sido contraída. – los pagos anteriores. – el comportamiento del deudor durante el procedimiento. Si en el deudor o en su solicitud no concurren los requisitos dispuestos en la Ley o el tribunal no considera razonable el plan propuesto, la demanda será inadmitida.

La admisión de la solicitud, en su caso, se hace pública y se remite a todos los acreedores, produciendo los siguientes efectos: a) se suspende toda ejecución individual sobre el patrimonio del deudor (pero no la que ataña a sus codeudores o fiadores) b) la admisión de la solicitud y el contenido del plan no afectan a los acreedores asegurados mediante garantía c) el deudor no sufre desposesión ninguna y continúa por sí mismo en la administración de su patrimonio; sin embargo, para cualquier transacción importante deberá solicitar la opinión del síndico nombrado por el tribunal.

Seguidamente el tribunal designará un síndico que se encargará de precisar la situación del deudor y del plan propuesto. Sólo después de oír a los acreedores, el tribunal se pronunciará sobre el plan. Para la aprobación del plan no está obligado el tribunal a respetar la opinión de los acreedores, y puede modificar el contenido del plan propuesto, pero sólo en beneficio de aquéllos. La aprobación del plan implica la novación de toda la deuda del solicitante, de tal manera que, si el deudor lo cumple en sus propios términos, desaparece toda responsabilidad adicional por las deudas aún insatisfechas. Si el deudor dispone de ingresos por trabajo, el plan le impondrá la obligación de pagar parcialmente sus deudas durante un cierto tiempo, generalmente cinco años.

Si el deudor es un parado o un jubilado, podrá obtener el perdón de sus deudas sin realizar pago ninguno. El plan no afecta a los acreedores asegurados con garantías. Sin embargo, sí puede el tribunal ordenar al deudor, por ejemplo, que venda un inmueble con el fin de reembolsar anticipadamente un crédito hipotecario. En el caso de que el deudor no respete el plan, los acreedores pueden solicitar el cumplimiento forzoso. Durante su desarrollo el plan puede ser modificado, pero sólo en beneficio del deudor a causa de cambios esenciales que afecten a su situación económica (p. ej., paro sobrevenido). Los acreedores sólo pueden solicitar la anulación del plan, cuando el incumplimiento por parte del deudor se revele inexcusable.

De la norma danesa destaca su especial sensibilidad hacia posibles situaciones calamitosas del deudor, dispensando una particular tutela hacia parados, jubilados con escasos recursos u otras situaciones de infortunio. Más información: http://www.domstol.dk/Selvbetjening/blanketter/gaeldssanering/Pages/default.aspx

fi[1]Finlandia

La figura de la liberación de deudas varía en función del procedimiento de insolvencia en que el que se halle inmerso el deudor. Las personas físicas pueden verse sometidas al procedimiento concursal, que es de aplicación general, y se rige en virtud de lo dispuesto en la Ley Concursal 120/2004; o solicitar la apertura del procedimiento de liquidación de deudas de la Ley 57/1993, que sólo está abierto a personas físicas.

En el primer caso, el concurso no libera al deudor de sus deudas, puesto que seguirá siendo responsable de las que no se satisfagan durante el procedimiento, frente a lo que ocurre en el procedimiento de liquidación de deudas del particular en el que, por el contrario, se permite que el deudor quede liberado de las deudas que excedan su capacidad de pago. En el procedimiento de liquidación de deudas del particular se elabora un programa de pago para el deudor, adecuado a su capacidad real de pago, con una duración general de cinco años, tras el cual el particular se ve liberado de su responsabilidad de pagar el resto de deudas pendientes, siempre que cumpla con las obligaciones derivadas del calendario de pago.

gb[1]Reino Unido

La Insolvency Act, de 1986, dispone con qué carácter previo a la declaración de insolvencia las personas jurídicas y físicas pueden establecer convenios formales con sus acreedores, con el fin de aceptar una cantidad inferior a la deuda total. Estos acuerdos son vinculantes jurídicamente para todos los acreedores a los que se les haya comunicado.

Asimismo, las personas jurídicas y físicas pueden establecer convenios informales con sus acreedores para aceptar una cantidad inferior a la totalidad de la deuda; estos acuerdos no son jurídicamente vinculantes. El procedimiento de insolvencia de las personas físicas supone la realización y distribución de los activos de una persona y generalmente el cese de toda actividad. En el caso de los particulares corresponde a un órgano jurisdiccional declarar la bankruptcy a instancia de un acreedor o del propio deudor. El juez está facultado para declarar a una persona en bankruptcy, que es un procedimiento judicial mediante el que un órgano jurisdiccional declara a una persona física en concurso de acreedores. La declaración de concurso se envía al Registrador territorial (Chief Land Registrar) y se publica en un periódico apropiado y en la London Gazette. Tras la apertura del procedimiento la propiedad de los activos del concursado se transfiere automáticamente al trustee, y los concursados tienen un deber legal de cooperación y de proporcionar información.

us[1]Estados Unidos

La Segunda Oportunidad: Fresh Start (Bankruptcy Code) En Estados Unidos existe uno de los ordenamientos jurídicos que mayor accesibilidad permite al particular sobreendeudado para alcanzar una solución a su situación de insolvencia.

Conceptos La filosofía subyacente en la normativa norteamericana es la concesión de una segunda oportunidad o un nuevo comienzo (fresh start) al deudor honesto que hubiere tenido la mala fortuna de verse sumido en una situación de endeudamiento excesivo. En realidad se busca que el riesgo de ruina no sea un factor que desincentive la actividad económica e inversora. Ello se logra a través del denominado discharge, que permite a los deudores honestos, liberarse, tras un periodo de seis años, de parte de su obligación de pago de determinadas deudas, impidiendo su reclamación por los acreedores. Para el otorgamiento o reconocimiento del discharge, se exige que el deudor lo sea de buena fe, lo que destierra a aquéllos que, entre otras conductas fraudulentas, hubieren falseado su solicitud de quiebra o hubieran intentado previamente alzar sus bienes en perjuicio de acreedores.

Procedimiento Dentro de la regulación general concursal estadounidense construida tradicionalmente a través del Título 11 del United States Code, conocido como United States Bankruptcy Code, su capítulo 13 se dedica de modo específico al ajuste del deudor individual con ingresos regulares. De este modo, se reserva un procedimiento singular para personas físicas cuyas deudas no superen los 250.000$ en el caso de deudas ligadas a créditos no garantizados o hasta 750.000$ si estos hubieran sido otorgados al amparo de alguna garantía singular, correspondiendo su impulso únicamente a instancias de la persona física sobreendeudada. El deudor ha de someter una propuesta al comisario (trustee), estableciendo un plan de pago íntegro para sus créditos garantizado y un tratamiento no discriminatorio para los restantes créditos ordinarios, si bien el plan no requiere la conformidad de los acreedores, bastando el beneplácito del tribunal tras la apreciación de la buena fe del deudor. Tras el cumplimiento del plan de pagos previsto, el deudor quedará liberado de las deudas restantes. La norma estadounidense fija una serie de límites para la liberación del deudor, por considerarlos de interés superior (ej. alimentos y manutención de menores, deudas contraídas de modo fraudulento o indemnizaciones derivadas de lesiones provocadas por el deudor).

images9X8B2E2GSERIE PARA LA SEGUNDA OPORTUNIDAD. Constará de este primer post y de otros tres. Es el trabajo de varios meses de estudio y recopilación. El material es un compendio necesario para observar cómo nos dan gato por liebre con la aquiescencia de nuestros medios de comunicación, incluidos los públicos, para no incomodar al poder económico. Ahora que te has percatado cómo son tratados nuestros vecinos europeos y en la carne de cañón en que nos hemos convertido, es un avance de lo que viene, pero te adelanto que el cabreo no hay quien te lo quite. Ha llegado la hora de mover el culo del sofá y que te actives: sin conocimiento no se irá a ningún sitio. Además de lo que aquí se publica, en https://wordpress.com/stats/asociacionhipotecadosactivos.wordpress.com encontraráfs más información e incluso un valioso material de consulta: dictámenes, BOE, estudios, etc. etc.

images[2]*La Segunda Oportunidad legislada en Europa es en favor de los ciudadanos (1) Este es el post que acaba de concluir, habrás observado el trato que se le da a los ciudadanos europeos que por múltiples razones han caído en el sobreendeudamiento. En España, ni con un desempleo que se sale del mapa, el gobierno es capaz de socorrerlos. Malditos charlatanes, hay que correrlos a gorrazos.

imagesX0TT15X4*El bodrio de la Segunda Oportunidad del PP es maquillaje electoral y favorece a los bancos (2) Podrás percatarte de los requisitos necesarios para obtener una miserable clemencia que ofende la dignidad de millones de deudores de buena fe y sirve también para percatarse de que lado está el gobierno de turno. No se acaba aquí el mundo, en el siguiente post encontrarás la solución.

imagesYJGQM076*La Segunda Oportunidad del PP es un callejón sin salida, conoce como evitar el desahucio y salvar tu casa (3) Este post contendrá el proselitismo que desde este blog se viene repitiendo: los desahucios se pueden parar. Esta ley de Segunda Oportunidad es una mierda, un engaña bobos y todo lo negativo que se pueda decir de ésta farsa es poco. Sin embargo existe la Primera Oportunidad que está en tu mano: detener el desahucio y salvar tu casa.

imagesIJM3W9SW*Los responsables de los bancos y las cajas de ahorro han cometido delitos penales y siguen reincidiendo (4) Este post nos llevara al epicentro de este terremoto de la monumental burbuja de deuda a que nos ha llevado la banca tras cometer delitos tras delitos con la complicidad del gobierno de turno y de la marioneta del Fiscal General del Estado. Entre los delitos que vamos a traer a colación, está el de alterar el precio de las cosas, una estafa que casi con seguridad es la mayor del mundo financiero.

 

 

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“Señor Banco dese usted por jodido”


El titular de este post podría ser más comedido teniendo en cuenta ser vos quien sois: el nuevo dios del dinero. No obstante, sin que importe si es sacrilegio, reitero: señor Banco dese usted por jodido. Ahora nos toca mover ficha a nosotros, usted ya ha movido la suya y bien jodidos que nos ha dejado. En números redondos nos ha dejado endeudados por varias generaciones: 1 billón de euros de deuda pública, 1,3 billones de deuda empresarial, sobre todo de las grandes empresas y 0,7 deuda de los particulares, total 3 billones de euros. Esto es una cara de la moneda, usted señor banco es acreedor de esta morterada de dinero, pero como todas las monedas tienen otra cara, resulta que usted es deudor de la mayor parte de ese dinero. La mayor parte (el 60 o 65%) de la deuda pública del reino de España esta en sus manos, así como el 100% de la deuda empresarial de sus colegas oligarcas images[10]y también la de los particulares la debe usted, señor banco, a terceros que le prestaron el dinero. Ya puede usted sacar pecho y presentar unos bonitos balances contables que son de broma. Sí España y los españoles tenemos una deuda impagable usted también la tiene y es igualmente impagable. Para el lío que se ha metido su Logo AHAcapital social no sirve para nada, usted se ha arruinado por su mala cabeza, por su ambición desmedida, y por su egoísmo congénito. No ha parado de sobornar a nuestros representantes políticos, en promover la corrupción y ofrecer crédito a los partidos políticos para condonarlos en contrapartida de favores. Se legisla al son de la música que usted toca y así nos ha ido al populacho.

images[3]Mariano se vanagloria que por su exquisita gestión España no tuvo que ser rescatada, nos lo echa por la cara en cuanto tiene la más mínima ocasión. Reconstruyamos los hechos: la prima de riesgo está a punto de salirse del mapa, los vencimientos de la deuda parece imposible que se puedan atender, suenan tambores de intervención y el rescate es inminente. El dinero huye de España pero de pronto, en el último momento, los guardianes de las esencias en Bruselas deciden que no habrá intervención, que solo habrá ajustes presupuestarios. ¿Qué pasó para tan drástico cambio? Más o menos algo así: usted hizo una llamada en un tono indignado: ¡Mariano, ves y diles que no se les ocurra lo del rescate! ¿Lo has entendido Mariano? ¡Date cuenta que si nos rescatan va aparejado con una quita de deuda y además de recortes del gasto público! ¿Te das cuenta Mariano lo que esto significa para nosotros? Pues, sí, Mariano se dio cuenta, que la quita de la deuda pública iba a beneficiar al populacho y por el contrario iba a perjudicar a la banca acreedora al verse forzada a dejar de cobrar, por incobrable, una parte de esa deuda. Claro que Mariano lo entendió, vamos que si lo entendió ya que la mayor parte de la deuda pública está en manos de usted señor Banco. Tradicionalmente las quitas se han aplicado acompañadas de fuertes medidas correctoras del gasto social, pero el patriota de Mariano, para hacerle un favor a usted, se olvidó de la quita y nos aplicó las medidas correctoras elevadas al cuadrado. A usted señor Banco y al Mariano les ha salido el negocio redondo: sin quita es usted más feliz y él puede fardar de la mentira que nos ha sacado del agujero. Como siempre, nos ha tocado pagar los platos rotos aunque la vajilla fuera de usted.

images[7]Superado ese escollo de la quita en la deuda pública y aplicados los recortes sociales, sabe usted señor Banco, que es cuestión de tiempo, generaciones enteras, para cobrar esa deuda con sus correspondientes intereses. ¿Dónde está ahora el problema? Está en la astronómica deuda de las grandes empresas que se reparten el negocio de España, si fuerzan el cobro de los préstamos y créditos que tienen comprometidos igual se va usted al carajo, vamos que no hay capital social que pueda aguantar una morosidad a esta escala. ¿Qué solución ha encontrado usted señor Banco a este problemon? Pues el mismo de la vajilla ¡Que el populacho vuelva a pagar los platos rotos y por el mismo método! Aparentando una cosa y bajo mano haciendo otra. Despejemos la incógnita. El Banco Central Europeo, como lobby de la banca, emitirá 1,1 billones de euros de la nada bajo el pretexto que sirva para impulsar el crédito, pero bajo esta obra caritativa, humanitaria e inclusive piadosa actitud con el populacho, se esconde, como siempre, la mentira y el engaño. El tinglado que montan, con la complicidad de nuestros representantes en el Congreso de los Diputados, me voy a permitir el lujo de explicarlo con el detalle que se merece en un próximo artículo. De momento afrentarle señor Banco que la maniobra consiste en derivar unos 80.000 millones de euros de sus cuentas pendientes de cobro de las grandes empresas al déficit de la deuda pública. Le prometo señor Banco que le haré la cuenta y le descubriré como pretende colar deuda privada en publica con todo el lujo de detalles. Además, señor Banco, dese usted por jodido ya que el populacho se va a enterar como se ha financiado los últimos siete años, del 2007 al 2014, cuando el mercado financiero le cerró la puerta. Se lo adelanto, para que no vaya a creer que voy de farol, son miles de millones que ha tenido que colocar en el BCE con la garantía del Estado.

images[8]Todos estos miles de millones que usted mueve, el tráfico por paraísos fiscales y los activos que pueda poseer y todo lo desconocido e imaginable no es nada sin los depositantes y clientes a los que usted machaca sin piedad. No solo repercute en los que “ejecuta” si no que los demás ven como se las gasta. Qué lastima que sea usted tan torpe y no se percate que su mayor activo son sus clientes. Usted se ha creído que con sus sobornos a nuestros representantes políticos tiene bastante, se equivoca, estamos hartos de sus privilegios y que imponga dispensas y condiciones como la férrea oposición a que el populacho pueda disponer de una segunda oportunidad que libere de las deudas a aquel que se ha quedado sin casa y con una mano delante y otra detrás. Flaco favor hace a la sociedad cuando exige que la deuda sea perpetua, lo que nos sitúa fuera de Europa. Todos los países de nuestro entorno tienen una ley de Segunda Oportunidad ¿Sabe señor Banco que sin una segunda oportunidad se beneficia usted pero genera la marginación y exclusión social de miles de personas trabajando en negro? Cada día que pasa se incrementa el número de personas que no les queda más remedio que subsistir ocultando sus ingresos ya que su potente brazo armado le obliga a trabajar en régimen de esclavitud bajo la continua amenaza del embargo. Tiene a su disposición un poderoso ejército de funcionarios de justicia que trabajan al servicio de su departamento de cobros. Menudo tinglado tiene usted montado señor Banco; todo a su disposición y sin pagar un triste euro, ya que las exenciones fiscales le eximen del pago de impuestos. El populacho ya se ha percatado, tarde, pero más vale tarde que nunca, que los políticos no nos representan, no defienden nuestros intereses, no se preocupan de nuestros problemas. Y ve igual de claro lo bien que se lleva el poder político con usted. Juran, en arameo si es preciso, que todo lo hacen por nuestro bien, pero en la práctica lo blanco es negro y arriba es abajo.

images[6]Hay que reconocer que han tenido mala suerte al elegir su estrategia al comprar el silencio de los grandes medios de comunicación colocándoles deuda a la espera de que no la puedan pagar y así poder cambiarla por acciones y ejercer el control societario. El tiro les ha salido por la culata, los grandes medios están en caída libre, el populacho se ha percatado de que lado están. La red cada día es más potente y el control de lo que se dice cada vez es más difícil de llevar a cabo. Para su información está usted en fase de despido, no se si se ha enterado pero somos su jefe. De momento lo mantenemos en su puesto con la intención de socavar su posición y disminuir su confianza pero con la idea fija de tirarlo escaleras abajo por no hacer bien su trabajo. Nos tomará un tiempo, pero se ira a la “puta calle” y sus días de vino y rosas se acabaron. De momento vaya cerrando oficinas, le sobran más de la mitad, y puede ir ampliando la asesoría jurídica pues le vamos a indigestar con reclamaciones en los juzgados de que usted no es el dueño de la deuda que reclama y se apropia de la garantía que soporta el préstamo hipotecario. Engañan a los jueces y lo mismo pasa con los avales que usted ejecuta, que se han extinguido al titulizar la hipoteca. También le reclamaremos las prestaciones accesorias que usted se adjudica y que corresponden al bonista. Hablando del bonista ¿Qué pasará cuando los inversores internacionales se percaten de la escabechina que le hacen al Fondo de Titulización de Activos? Dicho de otra forma: ¡Menudo robo le están practicando al infeliz inversor! Engaña y roba a todo el mundo que se cruza en su camino. Todavía queda por anunciarle otro perdigonazo, pero lo dejaremos para que le caiga como sorpresa.

images[3] (4)Le puede parecer, señor Banco, que soy muy pretensioso en anunciarle la peste bubónica que le viene encima, le puede parecer una actitud pendenciera y chulesca pero no se trata de ninguna amenaza camorrista, se trata de una promesa de un infatigable batallador reconvertido en virus que ha podido reunir a un fantástico equipo con los conocimientos necesarios para debilitarle antes de cuadrarlo, meterle la estocada y dejarlo listo para el arrastre. Tiempo al tiempo.

 

 

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El Defensor del Pueblo se acredita como una institución al servicio de la oligarquía del monopolio eléctrico


images[10]La reacción de la sociedad española frente a lo que acontece merece un detenido examen. No sirven los tratados sociológicos, ni las explicaciones interesadas de medios de comunicación arruinados por no hacer bien su trabajo e interesados en contar cuentos chinos a la voz de su amo, ni la de afamados tertulianos que están ahí para representar un papel como representa un actor en una obra teatral. Unos y otros, procuran por su interés en apaciguar a las masas por el método de meterles el miedo en el cuerpo de lo que puede venir. Más vale pájaro en mano que ciento volando, este viejo refrán los guardianes del reino lo reconvierten el atractivos eslóganes y aderezan con suculentas promesas embellecidas de las más grandes mentiras. Sirva de ejemplo la promesa difundida urbe et orbe por González Pons en la campaña de las elecciones generales de 2011: “vamos a crear 3.500.000 de puestos de trabajo” Ahora, casi acabada la legislatura, en lugar de crear se han “descreado” puestos de trabajo. No obstante, Pinocho Rajoy, en el debate del estado de la nación, se atreve a adornar su discurso con la promesa de 3.000.000 de puestos Logo AHAde trabajo para que los infelices vuelvan a picar el anzuelo. ¿Y la promesa de la campaña de 2011? El descrédito de la política está más que justificado. A los actuales partidos políticos ya nadie se los cree, tan solo hay que ver lo que ocurre con la formación que brota de forma súbita y que las encuestas apuntan en convertirse en alternativa de poder. El ataque a Podemos es espectacular, no voy a entrar en detalles pero la acusación, que supera el insulto, es que son populistas. Vamos a ver, la raíz de populista vendrá de popular y el PP es el Partido Popular. La letra O del PSOE proviene de obrero ¿Es digno de un partido obrero modificar la Constitución en el sentido que antes de las necesidades básicas de la población se debe de atender el pago de la deuda pública y los intereses? Sin el apoyo del partido de los obreros los populistas del PP no tenían la hegemonía de modificar la Constitución. Creo que es el único país del mundo que ha introducido ese privilegio a favor de los bancos acreedores. ¡Viva España!

imagesV73O4CY0Con el panorama de unos partidos políticos descarriados, las instituciones, que son varias, tendrían que actuar. Para empezar, el Consejo de Estado asesora, a petición del gobierno, que es lo más correcto. Pero es el Defensor del Pueblo quien tiene que decir aquello que el gobierno y la Administración hacen incorrecto. En definitiva, el Defensor del Pueblo tiene la custodia de los derechos fundamentales de los españoles. ¿Si los derechos fundamentales y libertades públicas se extinguen en un goteo constante, qué creen que puede pasar? Es aquí donde vuelvo al principio del post ¿Cómo reaccionará la sociedad española frente a lo que acontece? Alguien se ha percatado que con seis millones de parados, el 25% en edad de trabajar, el Producto Interior Bruto (PIB) es el mismo que cuando era el 8% de desempleados. Conclusión: sobra gente y la mayoría de ellos no volverá a encontrar un puesto de trabajo en su vida. Mientras tanto, recortes y más recortes sociales se aplican para pagar el endeudamiento de los bancos, sin una ley de Segunda Oportunidad, que la tiene toda Europa, así como con la continua exigencia de reducir los salarios, con una plaga de desahucios y así podría llenar la página entera. Permítanme que me aproxime a un pronóstico: revolución. Ya se que suena extremo, pero también sonaba extremo cuando en pleno auge del pujolismo, cuando actuaba de bisagra y ponía y sacaba presidentes en España, me atreví a decir que él, su familia y el partido estaban sumidos en la corrupción, facilitando pelos y señales. Han tenido que pasar 16 años para que el asunto Pujol reventara, lo mismo para que se consumara la certeza de que los bancos, tal como funcionaban, esparciendo deuda sin control, acabara como acabó. Creo que no se trata de una adivinación el pronunciarse por una revolución, se trata de un vaticinio. Votar no sirve para nada. Después de amordazar a Syriza y Podemos, sí que viene el caos. La sociedad, en busca de una solución, lo proyecta por las buenas, pero después de por las buenas, que nadie dude, será por las malas.

imagesMYC1TOERCon este preámbulo, quizás demasiado largo, vamos a lo que nos ha traído hasta aquí: el disparatado coste de la factura de la luz que corre inversamente a la dirección por la que transita la sociedad cada vez con menos ingresos. En el archivo del blog hay suficientes artículos en los que se pone de manifiesto que el coste de producir energía eléctrica esta manipulado por las compañías eléctricas. Pero para dirigirnos al Defensor del Pueblo vamos a obviar esta manipulación del precio y nos centramos en lo que le compete sin lugar a dudas, los desvíos de la Administración. El legislativo y ejecutivo han transformado la factura de la luz en un vehiculo para pagar impuestos que elevan los disparatados precios de la electricidad en un 168%, al cargar peajes, rollos que nadie sabe que son, como los costes regulados, y toda esta sarta de impuestos se les recarga con un IVA del 21%, cuando en Europa lo más habitual, para la electricidad, es el 5%. Un disparate que no hay quien lo pueda entender: una tasa se aplica por un servicio estatal. Esta práctica podría tener sentido cuando las compañías eléctricas eran públicas, pero una vez privatizadas, no tiene ningún sentido gravar con una tasa puesto que no existe un servicio público. Ya es grave que nuestros gobiernos del bipartidismo rompan este principio, pero más grave aún es no hacer caso de las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo y que el Defensor del Pueblo no intervenga de oficio. Más grave aún es que ni tan siquiera registra una denuncia al respecto. ¿Se puede mantener un estado democrático que no atiende las sentencias de los más altos Tribunales de la nación?

PARA LAS ELECTRICAS SOMOS UNA PIEDRA EN EL ZAPATO

imagesBUNDVG9SIniciamos el pasado 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes, el envío de una carta exigiendo al Defensor del Pueblo (Soledad Becerril) que intervenga en el asunto del insoportable robo descarado que practican las compañías suministradoras de electricidad, al que se han unido unos inconstitucionales impuestos. En aquella fecha cerramos con la recogida de firmas que acompañan el texto exigiendo una rápida y eficaz intervención en defensa del pueblo, ya que el ejecutivo, sometido a los intereses de la oligarquía, pisotea los derechos que están amparados en la Constitución Española. El 28 de enero le volvimos a remitir una nueva carta con firmas, y ahora con fecha del 28 de febrero le remitimos la carta que tienes a la vista que totaliza 4579 firmas. Nos reafirmamos que de no ser atendidos en esta institución competente para ello, elevaremos la exigencia de intervención a instancias europeas, incluso al Tribunal de Justicia Europeo. Dejo unido a este texto, con el fin que se pueda acreditar en los archivos del blog, la relación de honor de ciudadanos comprometidos con su dignidad que han firmado la carta. 28022015 Para que los rezagados se puedan adherir a esta relación de honor queda este enlace https://docs.google.com/forms/d/1y6AXDK1RwhPn6qBGEjglYEZHbycEHj82yZMjKNN3cEI/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link y puedan incorporar sus datos que remitiremos al Defensor del Pueblo solicitando que se unan a la que hoy se cierra. Si ya has firmado pasa este enlace a un conocido o amigo. Necesitamos de tu cooperación.

Carta al Defensor del Pueblo 

images[2]Defensor del Pueblo.- A la atención de Doña Soledad Becerril.- Paseo Eduardo Dato, 31.- 28010 MADRID. 28 de febrero de 2015   

Señora Soledad Becerril, como presidenta de la institución del Defensor del Pueblo se supone que el nombre hace la cosa: defiende al pueblo de la mala administración. Para ser más precisos conviene referirse a la definición que ustedes publican en su web: El Defensor del Pueblo es el Alto Comisionado de las Cortes Generales encargado de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas”. Observo que en esta explicación oficial dice: la supervisión de la actividad. Se entiende que su institución puede actuar de oficio, o ¿Solo se pone en marcha cuando hay una denuncia? Los incrementos en la factura de la luz se han convertido en una pandemia nacional, se trata de un servicio básico que no tiene alternativa y afecta a millones de españoles que mes a mes sucumben impotentes a incrementos disparatados en la factura de la luz. ¿Qué ha cambiado para que la factura de la luz se multiplique? ¿El precio del barril de petróleo? ¿La falta de viento, de lluvia, el precio internacional del gas ….? Lo que ha cambiado es la privatización de las antiguas empresas públicas. No sólo se ha privatizado, si no que además se ha liberalizado un mercado que actúa en monopolio. Esto no ocurre en ningún país del mundo y como resultado lo tiene usted a la vista: precios de monopolio. ¿No ve usted aquí ninguna anomalía? ¿Su institución no tiene nada que decir al respecto? De un mes a otro los precios en la subasta de electricidad pueden pasar de 26€ Mkw al doble sin ninguna justificación.

2No solo tenemos que soportar unos costes inflados por las compañías eléctricas, que tienen bula, al reconocerles estos sin ningún tipo de auditoria. Me dirá que esto esta refrendado por la inmensa mayoría de los diputados que nos representan. Bien, tomamos nota, pero sobre las decisiones políticas están las resoluciones de los Tribunales de Justicia. ¿Se miran ustedes las sentencias del Tribunal Constitucional o del Tribunal Supremo cuando se manifiestan a favor del pueblo? ¿Compruebas ustedes si estas sentencias de los más altos tribunales se cumplen? Si no se cumplen ¿No le parece a usted que supera la mala gestión de la Administración y entra plenamente en el atropello de los derechos fundamentales de la población que usted dice defender? Vamos al grano: los impuestos cargados en la factura de la electricidad son inconstitucionales. La Sentencia 185/1995 del Tribunal Constitucional sobre Tasas y Precios Públicos, precisa: “deberán considerarse coactivamente impuestas (a la  fuerza) no sólo aquellas prestaciones en las que la realización del supuesto de hecho o la constitución de la obligación es obligatoria, sino también aquellas en las que el bien, la actividad o el servicio requerido es objetivamente o social de los particulares… indispensable para poder satisfacer las necesidades básicas de la vida personal … o, dicho, con otras palabras, cuando la renuncia a estos bienes, servicios a actividades priva al particular de aspectos esenciales de su vida privada o social” Se refiere el TC a los artículos 31.1, 31.2 y 31.3 de la Constitución Española.

3De esta sentencia del Tribunal Constitucional ya tienen ustedes constancia desde hace casi un año, y nuevamente, con fecha 28 de diciembre de 2014, les remitimos por correo administrativo un escrito que lo acompañaban un buen número de firmas. Cuando se reciba este escrito con fecha 28 de febrero, habrán pasado ya dos meses y su organización no ha tenido tiempo de registrar la entrada y remitirnos el número de referencia. Con el presente escrito y el que tiene fecha del 28 de enero les hemos remitido 4579 firmas. Se lo toman ustedes con cierta parsimonia, o las denuncias les llegan a sacas y no dan abasto. No importa, ustedes sigan a lo suyo, hacer ver que trabajan, y nosotros iremos a lo nuestro: a dejarles sin trabajo. Si se trata de hacer el paripé, lo hacemos encantados. Ustedes sigan a lo suyo. Nosotros seguiremos dirigiéndonos a su institución cumpliendo los requisitos que estipulan, presumimos que acabaremos con la música a otra parte. Con este mismo argumento ya pasamos por el Defensor del Pueblo europeo que nos derivó a ustedes, y su vicepresidente se nos sacó de encima con un patético argumento. Estamos construyendo un historial que demuestre que con defensores como su institución no nos hace falta tener enemigos. Explícitamente, no nos importa que sepan nuestras intenciones, nos estamos cargando de razones para interponer en los Tribunales de justicia europeos una denuncia por la prevaricación del Gobierno de España, al incumplir de forma flagrante la Constitución Española.

4Podemos pensar que una sentencia del Tribunal Constitucional no tiene suficiente peso para que ustedes se muevan como Alto Comisionado de las Cortes Generales, en defensa de los españoles. Si es así, en ésta ocasión traemos bajo el brazo una nueva sentencia del Tribunal Supremo, Sala Contencioso Administrativo en Pleno de fecha 18/11/2013 que se reafirma a la pronunciada por la Audiencia Nacional Sala Contencioso Administrativo sección 4ª. El TS dejó muy claro que tenían que ser las compañías eléctricas las que financiaran a su cargo los intereses que producía el Déficit de tarifa. Supuestamente, las eléctricas, por orden del gobierno, no repercutieron en la factura de la luz los costes que le correspondían y decidieron aplicarlos en años venideros. Todo ello se hizo para dejar guapo al gobierno de turno por su buena gestión económica. El Tribunal Supremo considera que las compañías eléctricas han tenido, durante años, suficientes privilegios, y para paliar el monopolio les toca financiar los intereses. Las compañías eléctricas amedrentan al gobierno con bloquearle la puerta giratoria y las prebendas al partido y colegas situados. Con este poderoso argumento buscan una estrategia que soslaye esta piedra en el camino.

¿Qué solución encontraron estas mentes perturbadas para esquivar la sentencia del TS? Tan sencillo como re – titularizar el Déficit de Tarifa (las series 1 y 5 ya estaban liquidadas) con un importe de 26.000 millones de euros, al ofrecer unos intereses de escándalo y conseguir el Aval del Estado para que el inversor (el bonista) lo considere atractivo y se coloque rápidamente en el Mercado financiero. El gobierno autoriza que los bonos que vencen se paguen con cargo a la factura de la luz. ¿Qué ocurre en cada vencimiento? El bonista recibe el nominal y los intereses que le han prometido, ya que nuestro insigne gobierno autoriza que el vencimiento sea cubierto con los recargos en la factura de la luz. Es el pueblo, el mismo que ustedes están ahí para defender, quien está pagando el nominal más los intereses. En definitiva, las compañías eléctricas y el gobierno, en su papel de colaborador necesario, pasan, como si no existiera la sentencia del Tribunal Supremo y le endosan los intereses, que suben unos cuantos miles de millones de euros, a que los pague las familias españolas ¿Sabe usted señora Becerril que se cargará, por este concepto, en la factura de la luz, este año 2015, 423€? La factura de este mes de enero ha sido de escándalo. Todo es un sinsentido, la factura de la luz debe de recoger los costes de producir energía con un margen de beneficio, pero saquear al pueblo en nombre del capitalismo va un abismo. Estos impuestos deben de ir a los Presupuestos Generales del Estado que los redistribuyen asimétricamente: los que más tienen pagan más. Aplicados en el recibo de la luz, y en proporciones de delirio, los que más tienen pagan lo mismo que el más pobre de los pobres, y la solución que se le da para que no le corten el suministro es la caridad.  

Atentamente. Firmado Josep Manuel Novoa Novoa DNI 37.253.690 – S y 177 personas que se adhieren a esta exigencia de intervención que totaliza 4579 indefensos.

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Jordi Pujol & Familia se irán de rositas


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Jordi Pujol i Soley ex presidente de la Generalitat de Catalunya

El-expresidente-de-la-Generali_54415452019_51351706917_600_226[1]En la Comisión de Investigación que se lleva en el Parlament de Catalunya para dilucidar si Jordi Pujol, esposa e hijos, se aprovecharon del cargo de Presidente de la Generalitat para acumular una fortuna aún cuando, en teoría, los Pujol – Ferrusola sufrieron un batacazo de categoría al derrumbarse su patrimonio familiar atrapado en Banca Catalana. El sueldo de Presidente se vio incrementado por el desarrollo del negocio de floristería de su esposa, que pasó de una tienda cualquiera de flores a Hidroplant S.A. que conseguía llenar de plantas, flores y jardinería cada obra que emprendía la Generalitat. Esto no fue nada, sólo el empezar, alrededor de Jordi Pujol se concentró un clan de negocios que se repartían el presupuesto de la Generalitat e influían en las adjudicaciones en obra pública, recalificaciones, subvenciones a los adictos, instituciones creadas a dedo para promocionar la industria que sirvieron para desviar el dinero a los correligionarios. En este ambiente mafioso, el clan explotó, cuando los hijos de Pujol llegaron a la mayoría de edad. Todos se han hecho ricos con la etiqueta “Pujol” colgada al cuello. Jordi Pujol Ferrusola, el hijo mayor que declaró en la Comisión de Investigación, dijo que su profesión era dinamizador empresarial, lo equivalente, en otras palabras, a comisionista. Jordi Pujol & familia están imputados judicialmente por diversos cargos. Pero a lo que iba, todo explota cuando el ex presidente de la Generalitat, el pasado mes de junio, lee un comunicado que reconoce que la herencia de su padre no está declarada y dormita en una cuenta en el extranjero. Dos días después de este comunicado, su hermana, públicamente, dice ¿De qué herencia me hablas? Igual que la familia Botín, el dinero que les pillaron en el BSHC en Suiza era del fallecido padre de los Botín. El muerto siempre tiene la culpa.

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Marta Ferrusola, esposa de Jordi Pujol

Los diputados de la Comisión de Investigación no se creen que el dinero provenga de una herencia, cuando la hermana, que se hizo cargo del padre cuando no pudo valerse por si mismo, no sabe nada de la supuesta herencia. Es entonces, que los diputados se empecinan a pedirle que Jordi Pujol se ponga la soga al cuello y se cuelgue allí mismo al reconocer que el dinero no viene de la herencia de su padre y que les explique la vida que llevaron las acciones que la familia Pujol tenía en Banca Catalana, teniendo en cuenta que él era el fundador del banco. Los diputados de la Comisión, de todos los partidos que se compone la cámara, hasta donde llegan es hasta lo que es público: Pujol, donó las acciones de Banca Catalana a la Fundación Catalana el 14 de mayo de 1982, siete semanas antes de la intervención por el Banco de España. La donación fue por 22.749 de la serie A, por valor nominal de 5000 pesetas, y 74.953 de la serie B, por valor nominal de 1000 pesetas. Los diputados, erre que erre, hacían suposiciones sobre la vida que llevaron estas acciones y Pujol les mostraba la escritura de cesión realizada en la notaria de Luis Roca-Sastre Moncunill y añadía una cantinela: dicen, dicen, dicen, dicen, dando a entender que no prueban nada con sus insinuaciones.

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Jordi Pujol Ferrusola, hijo del matrimonio Pujol – Ferrusola

Las comisiones de investigación parlamentaria no sirven para nada. En lugar de investigar, que por algo se llama Comisión de Investigación, los perezosos diputados se dedican a preguntar durante cinco minutos, para el lucimiento propio de chupar cámara durante ese tiempo televisivo a la espera que el interrogado cante la gallina. Si se hubieran molestado en indagar podrían llegar a acorralar a Pujol con hechos. Las 22.749 acciones de la serie A por un importe nominal de 113.700.000 pesetas que Jordi Pujol cedió a la Fundación Catalana, estaban sujetas a las disposiciones fijadas en el artículo 7ª de los estatutos de Banca Catalana, que facultaba a los accionistas poseedores de acciones de esta serie a la opción preferencial de compra. Estas acciones valían a precio de mercado, unos 600 millones de pesetas. Se desconoce cuál fue el destino final de todas estas acciones, pero una parte de ellas fue puesta a la venta antes de hacerse pública la situación del banco. Las adquirió una empresa insolvente, Hoe S.A., a la que Banca Catalana había concedido un crédito por 176 millones de pesetas. ¿Dónde está el truco de los Pujol? Pues sabían que si se mostraban complacientes con el resto de los 22.000 accionistas de Banca Catalana, todos, del primero al último, perdían el valor de sus acciones que acabaron después de la intervención por el Banco de España, por valer una peseta. Eso lo sabían, por lo que se apresuraron a donarlas y una parte, por 176 millones de pesetas, las adquirió Hoe SA que las colocó en el último momento en el mercado, o acabó más insolvente de lo que ya era antes al tener que tragárselas. En definitiva, fue el crédito que Banca Catalana otorgó a Hoe S.A. lo que Jordi Pujol se llevó al bolsillo. Además el importe coincide con el dinero que Pujol manifiesta como procedente de la inventada herencia. El dinero no pasó directamente de la empresa Hoe SA a Jordi Pujol, le llegó a través de un intermediario próximo, muy próximo a la familia Pujol Ferrusola.

111853-620-282[1]Señores diputados del Parlamente de Catalunya, miembros de la Comisión de Investigación, hay que currarse algo más las comparecencias y dejar de preguntar ¡Confiese, confiese! ¿Fue usted quien la mató? ¿No son ustedes los que tienen que probar los hechos? Una decepción, ni para esto sirven. Eso sí, todos ustedes han quedado muy guapos en la tele. Hasta la próxima decepción, que de aquí a las elecciones aún se dejarán caer unas cuantas.

 

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Los bancos no pueden reclamar a los avalistas si la hipoteca ha sido titulizada


images[7]El sistema de titulización en España está montado a golpe de improvisación, esto es lo que se puede deducir vista la impunidad con que han actuado los bancos. Nuestros políticos han legislado al son de la música que las entidades financieras les han tocado y sin saber lo que hacían, han copiado la letra que les ha llegado de algún encopetado despacho de eminentes abogados actuando de lobby. La canción les ha salido bastarda. Eso pasa cuando el origen natural se revierte y el asunto no tiene ni pies ni cabeza. Para empezar, y este es el origen del bodrio legislativo que han traído a este interesado mundo financiero: no es necesario notificar al deudor que el acreedor bancario ha transferido a un tercero la deuda. No es necesario inscribir en el Registro de la Propiedad que la hipoteca pertenece a un tercero que la ha adquirido. A partir de este celebrado acontecimiento todo va manga por hombro. ¿Estas mentes pensantes no pueden llegar a deducir que con este libertinaje, si el deudor tiene algo que reclamar, a quien reclama? Esta falta de notificación tiene un objeto: que el banco que concedió el préstamo con garantía hipotecaria pueda hacer malabares, desde empaquetar las hipotecas y venderlas en el mercado financiero, hasta adjudicarse la emisión y colocarla al Banco Central Europeo, o las dos cosas a la vez, para luego en caso de impago quedarse por la cara con el inmueble de garantía y dejar al deudor patidifuso sin casa y con una astronómica deuda de por vida. Ver: La sorprendente vida y milagros de tu hipoteca Sigue leyendo →. El presente artículo firmado por el COLECTIVO SAMARITANO se pronuncia acerca de las “prestaciones accesorias” dentro de un fondo de titulización y se detiene, en primer lugar, en la figura estrella de dichas prestaciones, el avalista.

CabeceraCOLECTIVO SAMARITANO

El plato fuerte: La figura estrella de lo que ahora toca son los avalistas. Atrás hemos dejado que los bancos no son dueños de las hipotecas a pesar que se presentan en los juzgados, cuando se consuma el impago, reclamando la garantía inmobiliaria y dejando al hipotecado con una deuda de por vida. Esto ocurre por sistema si el préstamo ha sido titulizado. Por ésta misma razón, la falta de legitimidad, no pueden los bancos incluir a los avalistas en el aquelarre de la ejecución hipotecaria. Los bancos son los administradores de los cobros, y como gestores de los mismos no pueden adjudicarse, para sí mismos, ésta adicional garantía. Según la legislación española la venta o cesión de un crédito comprende la de todos sus derechos accesorios. Para transmitir la garantía de la hipoteca será necesario transmitir el crédito y, a la inversa, si el crédito se transmite, determina la transmisión de la garantía. En concreto, el Artículo 1528 del código civil: La venta o cesión de un crédito comprende la de todos los derechos accesorios, como la fianza, hipoteca, prenda o privilegio. Aquí, en la legislación española, hay algo que no encaja, ya que resulta que los bancos han conseguido la cuadratura del círculo, al pasar a limpio las leyes que les interesan. En los Folletos de emisión, donde los bancos agrupan los préstamos hipotecarios, dejan constancia de las bondades del producto financiero que ponen a la venta en el mercado. El Folleto hace las funciones de un catálogo de ventas y al bonista se le promete una rentabilidad Euribor + un % variable durante la vida de las hipotecas que contiene. En estos Folletos, se hace mucho énfasis que el riesgo de impago corresponde al inversor bonista, sin embargo se manifiesta que las prestaciones accesorias le corresponden al banco. ¿Qué demonios son las prestaciones accesorias? Todos los hipotecados han visto, en un momento u otro, que no se han librado de la voracidad de la entidad financiera por aplicar intereses de demora, comisiones por reclamación de recibos impagados, comisiones por una cosa o por otra y así, metido entre la literatura del Folleto, se deja caer que las fianzas le corresponden.

images[2]Nos centraremos en lo escueto y determinante del citado Artículo 1528 del código civil que cita explícitamente que “la fianza” se debe de transmitir si se cede el crédito. Si el banco no tituliza el préstamo con garantía hipotecaria, los derechos accesorios quedan intactos; el problema, y gordo, viene cuando se consuma “la venta o cesión del crédito”. La cosa se complica por el propio sistema de titulización cuando se hace todo a favor del Cedente, el banco que otorgó la hipoteca, que es quien mueve todos los hilos de unas marionetas que se suponen son las Autoridades de control: Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que admite en su registro las escrituras de constitución de los Fondos presentadas por las Sociedades Gestoras controladas por los grandes bancos. Si se reúnen para cenar tres lobos y un cordero (el bonista) no será demasiado difícil pronosticar cual ha sido el menú. El bonista inversor desconoce que préstamos hipotecarios contienen un fiador, nadie, absolutamente nadie, le informa de ello. Es más, en el mercado financiero ningún inversor espera recibir un aval personal vinculado al bono. Es solo España que incorpora la figura del avalista en los préstamos con garantía hipotecaria. Para acabar de complicar el asunto todavía más, el bonista no adquiere hipotecas del “paquete” sino una participación de la emisión que se divide en porciones de 100.000€. Los tres lobos, el banco Cedente, el Fondo, y la Sociedad Gestora, solo les hace falta para merendarse al cordero un auditor que bendiga las cuentas y un banco internacional de prestigio para desplumarlo. A lo que íbamos, los bancos no pueden apropiarse de las fianzas inmobiliarias de los avalistas por la sencilla razón que no les corresponden. El banco podría alegar que estas fianzas se han trasladado al Fondo. No debe de ser cierto, ya que repasadas las suficientes liquidaciones formuladas por las Sociedades Gestoras no hay trafico de esta naturaleza, o es muy insuficiente respecto de las adjudicaciones inmobiliarias de los deudores como de los avalistas. ¿Dónde van estas propiedades inmobiliarias, al limbo? Se podrá llamar limbo o fondo buitre o sociedad en las quimbambas domiciliada en cualquier paraíso fiscal en el banco paralelo de los grandes bancos.

Las Prestaciones accesorias dan más de sí. Como reza en cualquier Folleto de emisión: “….con la excepción de intereses de demora, comisiones por reclamación de recibos impagados, comisiones de subrogación, comisiones de amortización/cancelación anticipada, así como cualquier otra comisión o suplido que corresponderán a los Cedentes de las Participaciones y los Certificados ….” Es decir, el que corta el bacalao se lo lleva crudo y es la zorra que cuida el gallinero. Pero es que hay que llegar hasta la cocina con todo esto. Hay que mirar más el detalle de qué es lo que pasa. Cuando el banco pasa el recibo y no Logo AHAhay suficiente dinero, empieza el calvario y el sacaduros por el que la banca cedente se lo lleva crudo…..  El deudor o su avalista pagan con retraso, pero para poder empezar a liquidar el principal e intereses, tienen que hacer frente en primer lugar a los intereses de demora y los recargos por apremio que le carga el banco. Aquí el banco se pone por delante en la prelación de créditos y el bonista claramente sale perjudicado. Además de soportar el riesgo de crédito tiene que ver cómo el banco pasa por encima del acreedor principal para cobrar prestaciones que tienen carácter secundario. Porque, ¿quién debería cobrar antes? ¿El acreedor del préstamo o el gestor de cobros y pagos? Todo este drama se produce “fuera de balance”, en la “banca en la sombra”. Por otra parte, desde aquí ponemos en serias dudas el destino de estos fondos e ingresos por “prestaciones accesorias”. ¿Se llevan contra la cuenta de resultados? ¿Se desvían a otros fines? ¿Se cobran en cash o en cuenta corriente? Desde aquí también ponemos en serias dudas la validez del negocio jurídico que consiste la titulización de préstamos hipotecarios, en la que por arte de magia se separan las obligaciones principales, incluyendo el riesgo de crédito, quedándose el banco con otras cosas que vete a saber si las pasan por el balance y desligadas de la obligación principal sin la cual no deberían existir.

rajoy[1]En esta categoría de “prestaciones accesorias” la más sangrante se la lleva el avalista, al fiador solidario le levantan la camisa. Esta figura se parece bastante a la descripción que hace de la esclavitud la “Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud”: “La servidumbre por deudas, o sea, el estado o la condición que resulta del hecho de que un deudor se haya comprometido a prestar sus servicios personales, o los de alguien sobre quien ejerce autoridad, como garantía de una deuda, si los servicios prestados, equitativamente valorados, no se aplican al pago de la deuda, o si no se limita su duración ni se define la naturaleza de dichos servicios.” Esta definición de práctica análoga a la esclavitud encaja como anillo al dedo a la figura del avalista en el derecho español: ilimitado en cuando activos y tiempo, bienes presentes y futuros y deudas que en el momento de “fiar” todavía no existen. Otra característica de la esclavitud es la posibilidad de compraventa. Aquí las hipotecas también se transmiten. Hasta el BCE las compra. Sabemos, por lo fácil que resulta imaginar, la repercusión de este artículo en el seno de la familia española, tanto a lo acontecido en el tiempo, los avalistas que han sucumbido a las ejecuciones hipotecarias, o a aquellas familias que el pago de la hipoteca pende de un hilo. ¿Cuántos miles de padres han avalado los préstamos hipotecarios de sus hijos? ¿Cuántas familias mal viven al tener “enganchadas” la vivienda de los hijos y adicionalmente la de los padres? Ahora tienen conocimiento, que si el banco que les otorgó la hipoteca se la vendió en el mercado financiero, el aval se extingue. De facto, existe una novación de lo escriturado que libera la fianza. A continuación, en esta segunda parte, le vamos a sacar los colores a las instituciones financieras, que como hemos visto, actúan como un sindicato del crimen desplumando a sus clientes. No es ninguna exageración, y si no que se lo pregunten a los miles y miles que han visto desaparecer los ahorros de sus cuentas bancarias con productos como las preferentes, la deuda subordinada, y el mangoneo de un dinero que no es suyo y lo peor de todo: los bancos (y las cajas de ahorro) son los responsables del hundimiento del país con la colaboración inestimable de nuestro gobierno y con el congénito estrabismo de la señora justicia, se van de rositas y aquí no pasa nada. No sólo roban a manos llenas a los clientes, si no que también lo hacen con los inversores que adquirieron en su momento los bonos hipotecarios que ascienden a miles y miles de millones de euros. Un robo a dos manos, o también se puede decir que roban a quien se les ponga por delante. Pasen y vean cómo los bancos, una vez reconvertidos en Administradores de los cobros de las cuotas de las hipotecas, le hacen a los bonistas las cuentas del Gran Capitán y la liquidación se le queda en casi nada.

Evolución del balance

images[4]Sabemos que cuando se mencionan números los seguidores del blog o los esporádicos no les gusta, pero para no hablar por boca de ganso se hace necesario referirse a ellos para sostener el argumento que las instituciones financieras, con unas nutridas asesorías jurídicas, disfrutan del privilegio del robo impune. LLEVÁRSELO CRUDO. Creo que es la palabra más precisa que hemos podido encontrar para definir lo que acaece dentro del balance y la cuenta de resultados de un fondo de titulización de activos. Las tablas adjuntas TDA 22_ENGLISH se refieren al Fondo TDA 22 y los títulos y conceptos están en inglés para facilitar la exposición a los perjudicados  inversores bonistas. Se puede ver la evolución de un balance y la cuenta de resultados de ese fondo de titulización durante un período de 8 años. La evolución del balance refleja el volumen de activos del fondo, los activos dudosos, provisiones,  etc. EL BALANCE Y LA TRANSFERENCIA DE RIESGO DE CRÉDITO. Sinceramente, nadie sabe a ciencia cierta dónde está el riesgo de crédito, dado que la banca se ha comprado este tipo de activos a sí misma y, probablemente, en algún momento los ha podido endosar al BCE o incluso a la SAREB. Un comentario más. Los fondos no tienen “patrimonio”. Si los activos hubiesen permanecido dentro del balance del banco cedente, hubieran tenido que mantener un capital del 8%. En un fondo de titulización por el contrario, no se requiere capital. En el balance contable de un Fondo la cuenta de resultados da siempre cero. Se sigue el principio “Mota”: “las gallinas que entran por las que salen”. EL TRINQUE EN LA CUENTA DE RESULTADOS La cuenta de resultados debe de ser lo que se conoce como “banca en la sombra”…. A lo que añadimos que se lo lleva crudo. La banca española está asentada en la impunidad, e igual que se posiciona en los juzgados suplantando al bonista y adjudicándose la garantía inmobiliaria, le echa mano a los ingresos que le corresponden al bonista: el robo a gran escala. Intuitivamente, la idea es que el agente de pagos debería cobrar los intereses de los préstamos y abonarlos a los bonistas que constituyen el pasivo del fondo. ¿Sí? ¿Seguro? Pues va a ser que no, porque aquí trinca todo hijo de vecino.

images[1]Repasemos de qué va el asunto. Es el banco quien otorga los préstamos con garantía hipotecaria a sus clientes, “empaqueta” esos préstamos, y a través de un Folleto de emisión los coloca en el mercado financiero. La Sociedad Gestora, participada al máximo o propiedad total del banco, constituye un Fondo de Titulización de Activos. El banco, el cedente, tiene ahora la función del Administrador de cobros, y el Fondo es el artilugio creado para sacar del balance del banco el riesgo y no tiene capital social, funciona a lo dicho, “las gallinas que entran por las que salen”. Las que entran son los ingresos que el banco cedente le transfiere por la gestión de cobros que realiza, y las gallinas que salen tienen que ser las mismas que han entrado y que corresponde al inversor que adquirió el bono, pero hay gastos, muchos gastos, pero que muchos gastos que los llaman de cobertura. ¡Manos arriba! Esto es un atraco y quien se lo lleva crudo mayormente es ¡¡JP Morgan!!!!! ¡¡Qué demonios hace aquí el granuja Jamie Dimon dando por el trasero!!!!! ¡El campeón de las multas! La gestora ha contratado coberturas por cuenta del fondo. Contrata coberturas de tipos de interés para los cobros a recibir y para los pagos a realizar a los acreedores (bonistas). Ciertamente es una cobertura absurda. El fondo cobra tipos de interés variable mensualmente y paga tipos de interés variable también mensualmente. ¿Por qué ningún bonista querría cubrir el riesgo de tipo de interés, si éste es variable? Los chicos de JP se llevan crudo el 44,29% de los ingresos del fondo. Habría que ver si los bancos “cedentes” son la contrapartida final de JP Morgan y son ellos los que se lo llevan crudo también, incluso allende los mares, en islas paradisíacas.

1234471_681203028557936_660445986_n[1]Deterioros. Veamos, en 2013 los ingresos por intereses han ascendido a unos 4,3 millones de euros, que viene a ser una rentabilidad del 2,3% sobre la cartera de préstamos del fondo. Nótese que el porcentaje de dudosos del fondo en 2013 ascendía a casi un 9% sin contar los activos adjudicados y sin tener en cuenta los posibles importes que hayan sido considerados como fallidos. El fondo va viento en popa y apenas hay mora….. Un pequeño ajuste, que supone en torno al 11% de los ingresos del fondo. Comisión variable ¿Variable? Variable de ¿qué? Intuitivamente esto es otra engañifa y trinque por parte del banco que ha promovido el fondo. Vamos a ver, el fondo no tiene “capital”, luego, ¿en base a qué se asignan unos beneficios? Ah, sí, un pequeño préstamo participativo del banco al fondo. Más sablazos. Al fondo le meten por todos lados. El banco le da un préstamo para tener cierta liquidez. El préstamo por supuesto es remunerado. También hay 150 mil eurillos para la comisión de la gestora y otros tantos para servicios exteriores (nótese que los auditores cobran menos de 10 mil euros) principalmente abogados. Situación del balance del fondo. En 2013 el fondo tiene saldos dudosos por cerca de 15 MM de euros, prácticamente una cifra idéntica a los intereses que ha cobrado el fondo entre 2011 y 2013. Y entre 2011 y 2013 de los 15,6 millones de intereses cobrados, los bonistas no han cobrado ni 7 millones (menos de la mitad). COSITAS FUERA DE BALANCE Si ya es grave que la banca en la sombra y sus compinches se lo lleven crudo de esta forma, más lo es el hecho de que hay muchas cosas que no se ven en balance. Activos dudosos y adjudicados (14,28 Millones de euros). La patada a seguir. Curiosamente si bien los activos del fondo tienen garantías hipotecarias, parece muy poco que haya 1,85 millones de euros de inmuebles adjudicados. Es curioso que el gasto por deterioro entre 2009 y 2013 suma exactamente 1 millón de euros. Lo que se puede pensar perfectamente es que no se han dotado más gastos por deterioro para no reducir la cuenta de resultados y poder seguir cargando todo tipo de gastos al fondo. En definitiva, hemos dejado aquí este párrafo, con los indigestos números, para poder llamar a los bancos españoles: ladrones. El mensaje está enviado a las asesorías jurídicas de los bancos por si se sienten ofendidos y al gobierno español para que siga presumiendo de la Marca España.

 

 

 

 

 

 

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